Así lo ha trasladado ya al juez en un escrito al que ha tenido acceso Canal Sur Noticias, en el que manifiestan que los delitos de asesinato que se investigan son competencia de la Ley del Jurado.
Mientras tanto, un informe pericial conocido esta semana refuerza la tesis de la embestida. Según ese análisis, la narcolancha que arrolló y acabó matando a dos agentes en febrero de 2024, no trató de evitar el choque.
Hay novedades en el caso Barbate. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, personada como acusación, pide que el juicio se celebre con un jurado popular. Así lo ha trasladado ya al juez en un escrito al que ha tenido acceso Canal Sur Noticias en el que manifiestan que los delitos de asesinato que se investigan son competencia de la Ley del Jurado. Mientras tanto, un informe pericial conocido esta semana refuerza la tesis de la embestida. Según ese análisis, la narcolancha que arrolló y acabó matando a los agentes en febrero de 2024, no trató de evitar el choque. Este informe será clave para decidir si se trata de asesinato o de homicidio imprudente.
El informe pericial atribuye la colisión entre la narcolancha y la zodiac de la Guardia Civil a múltiples factores: la semirrígida navegaba a una velocidad elevada, tanto en las maniobras circulares previas como cuando adoptó rumbo directo hacia la pequeña embarcación donde iban los seis agentes.
Tras analizar los vídeos de aquella noche de febrero de 2024, concluye que a esa velocidad no había margen suficiente para evitar el choque. A lo que se une que en el planeo de la lancha, con la proa elevada, el piloto disponía de menor campo visual, agravado por la oscuridad y la mala mar en el puerto barbateño. Aun así, no adaptó su navegación a las normas de prevención de abordajes.
Este informe, conocido ahora por Canal Sur, fue encargado por el juez de la causa hace nueve meses. Trataba de determinar si la muerte de los agentes fue intencionada, como sostienen los informes de la Guardia Civil, o accidental, como asegura la defensa. De ello depende decidir si se atribuye a los cuatro tripulantes de la lancha dos delitos de asesinato y cuatro en grado de tentativa o rebajarlo al delito de homicidio por imprudencia grave. De ello depende, por lo tanto, la condena final: entre 15 y 25 años por cada uno de los fallecimientos si es asesinato; entre 1 y 4 años si es homicidio.
Con la instrucción de la causa a punto de concluir, dos de los cuatro acusados siguen en prisión preventiva, entre ellos el principal acusado, Karim El Baqqali. Los otros dos están en libertad bajo fianza de 10.000 y 15.000 euros.
