Imputados en el 'caso Supercopa' el expresidente y el gerente del estadio de La Cartuja

La jueza que investiga al expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y al ex futbolista y empresario Gerard Piqué por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí ha imputado al expresidente y al gerente de la empresa pública que gestiona el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en una pieza que analiza si obtuvieron un beneficio ilícito tras las obras efectuadas en este recinto deportivo.

Se trata del expresidente de la empresa pública ECSSA José María Arrabal, cargo que ostentó hasta diciembre de 2024, y del todavía gerente, Daniel Oviedo, a quienes la titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) ha decidido investigar ante los indicios encontrados en su contra por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La magistrada quiere indagar si ambos, altos cargos de la Junta de Andalucía en 2021, obtuvieron "un posible beneficio económico obtenido ilícitamente" a raíz de la adjudicación de varias obras la empresa Gruconsa para adecuar la sala de prensa, los tornos de acceso o la iluminación del estadio, por un valor global de entorno a 3,3 millones de euros.

Estas obras se encargaron después de que la UEFA decidiese que La Cartuja sería la sede de la final de la Eurocopa, una elección que llevó a la empresa pública que gestiona el estadio a pedir una subvención excepcional a la Junta de Andalucía, que la concedió por un importe de 4,9 millones de euros.

Como destaca la Guardia Civil, tras las obras, tanto Arrabal como Oviedo adquirieron, en septiembre y noviembre de 2021, sendos inmuebles en Málaga y Sevilla respectivamente que compraron dejando fuera de la hipoteca en torno a 53.000 euros, en ambos casos.

Además, en el curso de la investigación se han hallado pagos de la Real Federación de Fútbol (RFEF) a la mencionada constructora Gruconsa, a Dismatec -empresa del también investigado exfutbolista y empresario Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, amigo de Rubiales- así como de Dismatec al despacho GC LEGAL, dirigido por Tomás González Cueto, también investigado.

Los investigadores consideran que las obras en la Cartuja fueron gestionadas por Martín Alcaide y por Cueto junto con los altos cargos ahora investigados, encargados de firmar los convenios para financiar las obras, el acuerdo para iniciar los expedientes de licitación, en el caso de Arrabal, así como las memorias justificativas de los expedientes licitados y las cartas de adjudicación a la constructora, en el caso de Oviedo.

Además, hubo trabajos iniciados por Gruconsa sin que hubiera mediado ningún tipo de contrato entre la constructora y la Federación o la empresa pública que gestionaba La Cartuja, según el informe de la UCO destacado por la jueza.

La magistrada busca ahora analizar si hubo un beneficio ilícito por parte de los altos cargos y determinar "el origen de los fondos empleados para la adquisición de sendas viviendas" por ambos.

Para hacerlo ha formado una pieza separada secreta y ha encargado a los investigadores de la UCO que incauten y analicen los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos y posibles monederos virtuales de criptomonedas de ambos investigados.