La Fiscalía demanda al Ministerio por la extracción ilegal de agua en Doñana
Sostiene que no ha cumplido con sus competencias medioambientales al no reclamar a 250 agricultores la reparación de los daños causados por el robo de agua del acuífero del Parque Nacional para sus cultivos.
Desde el Ministerio ya se rechazó en su día argumentando que la problemática afecta a todo el espacio natural, cuya protección y gestión es de la Junta de Andalucía.
Se trata sobre todo de agricultores de la provincia de Huelva, pero también de Sevilla y Cádiz. Ahora el caso se lleva a la Sala del Contencioso de la Audiencia.
El Ministerio de Transición Ecológica se enfrenta a una demanda de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la extracción ilegal de agua en Doñana. Sostiene que no ha cumplido con sus competencias medioambientales al no reclamar a 250 agricultores la reparación de los daños causados por el robo de agua del acuifero del Parque Nacional para sus cultivos. Desde el Ministerio ya se rechazó en su día argumentando que la problemática afecta a todo el espacio natural, cuya protección y gestión es de la Junta de Andalucía. Se trata sobre todo de agricultores de la provincia de Huelva, pero también de Sevilla y Cádiz. Ahora el caso se lleva a la Sala del Contencioso de la Audiencia.
En una nota difundida este viernes, la Fiscalía ha exigido a ese departamento que "ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental" y acuerde "medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación, sobre los particulares y entidades identificados por la Unidad Central del SEPRONA de la Guardia Civil". El número de responsables identificados que durante los años 2022 y 2023 realizaron extracciones ilegales de agua subterránea asciende a un total de 250: Huelva (198), Sevilla (51) y Cádiz (1).
Según detalla el comunicado, se ha impugnado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado del 29 de octubre de 2025, por la que acuerda "inadmitir la solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) que afectan al espacio protegido de Doñana".
La Fiscalía señala que "la ausencia de la adopción de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas afectantes al espacio natural de Doñana ha motivado que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) haya declarado la responsabilidad del Reino de España por incumplimiento del derecho de la UE".
La nota estipula también que "la exigencia de responsabilidad medioambiental concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".
Sobre esto, añade "que, en cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos".
