La ONU admite a trámite una petición para atajar los cortes de luz en Granada
Debido a las limitaciones vinculadas a la pandemia, de momento no es posible que los relatores especiales hagan una visita oficial a España.
El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha informado este domingo de que la ONU ha admitido a trámite la petición que le trasladó para que enviara un relator a la zona Norte de esta capital andaluza y elaborara un informe sobre los continuos cortes de electricidad que sufre la zona desde hace años.
La Organización ha admitido a trámite el análisis de la situación de los vecinos afectados y lo ha remitido a dos relatores para elaborar un expediente que determine si hay dejación en la actuación de las instituciones y si se vulneran los derechos humanos.
La ONU ha pedido más información sobre la situación habitacional de las personas residentes, los antecedentes del problema y las condiciones de vida de las mismas, incluido todo informe previo que haya realizado la oficina que dirige Martín, o cualquier otro organismo.
Martín, que considera que este "grave problema" atenta contra los derechos humanos y supone una "emergencia humanitaria" para el vecindario, ha detallado a Efe que la petición ya ha sido transmitida al relator especial sobre el derecho a la vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, y al relator especial sobre derechos humanos y pobreza extrema, Olivier De Schutter.
Debido a las limitaciones vinculadas a la pandemia, de momento no es posible que los relatores especiales hagan una visita oficial a España.
"Aunque esto es el inicio de un camino nuevo, es una esperanzadora y buena noticia pues abrimos una nueva vía para intentar poner luz ante tantos años de oscuridad, para conseguir que ante esta injusticia que vulnera los derechos humanos sea estudiada por un organismo encargado de velar por que no sean vulnerados", ha destacado Martín.
Según el Defensor, los cortes de luz de la compañía Endesa castigan a miles de familias a vivir en condiciones "indignas e inhumanas" y atentan directamente contra los derechos humanos fundamentales de las personas residentes en el distrito, lo que genera deterioro social, familiar, personal y sanitario.
