El Parlamento pide que se investiguen las "mordidas" en Andalucía
La petición está recogida en una proposición no de ley del PP que ha sido apoyado por Vox. La cámara andaluza acuerda que se fiscalicen las obras afectadas por el caso Koldo para que se depuren las responsabilidades políticas y personales.
EI Parlamento andaluz ha acordado este jueves instar al Gobierno central a que "todas y cada una de las licitaciones de obras, adjudicaciones y su posterior desarrollo contractual" que están siendo investigadas por la Justicia al formar parte presuntamente de la trama del PSOE sean "debidamente auditadas y fiscalizadas".
El objetivo de la petición, recogida en una proposición no de ley del PP que ha sido apoyado por Vox, es comprobar el alcance de la repercusión económica que han ocasionado esos "ilícitos penales", y en especial, si ha habido sobrecostes y desviaciones presupuestarias a través de las figuras de modificados complementarios o liquidaciones en las obras realizadas en Andalucía, para que se depuren las responsabilidades políticas y personales.
La iniciativa, que contó con el voto contrario de los partidos de la izquierda y que ha sido defendida por el diputado Antonio Saldaña, se produce a raíz del "tristemente famoso" informe de la UCO, que sacó a la luz "un enorme entramado de mordidas en la cúpula del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido ramificaciones en Andalucía".
La corrupción, según la investigación, afectó en Andalucía, entre otras, a la obra de ampliación del puente del Centenario en Sevilla (102 millones de euros), y dos obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería (280 millones de euros), además del desdoble de la N-IV entre las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios, o la N-322 en Úbeda, Jaén, ha explicado el parlamentario popular.
Saldaña ha señalado que, según el informe de la UCO y las conversaciones de los propios protagonistas, las mordidas llevadas a cabo en estas licitaciones equivaldrían a cientos de miles de euros, a repartir entre los tres, sin tener en cuenta el sobrecoste en la ejecución de la obra para la Administración central.
Por tanto, el Parlamento ha mostrado su "más profundo rechazo y repulsa a la gestión arbitraria y sin garantías" llevada a cabo por el actual Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto a dichas adjudicaciones en Andalucía e insta a la Delegación del Gobierno en esta comunidad que dé "cumplidas explicaciones".
Instar al Gobierno a defender el interés público económico en las obras que están siendo objeto de investigación judicial en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y a que tras las auditorías, comprobaciones y fiscalización de las obras investigadas por corrupción en Andalucía, se acuerden penalidades económicas "legalmente previstas", son otras de las propuestas aceptadas por el pleno del Parlamento.
Informar semestralmente al Consejo de Gobierno de la Junta y al Parlamento de Andalucía sobre el desarrollo de las actuaciones es otra de la petición al Gobierno de España recogida en la iniciativa, al igual que mostrar su "profundo rechazo" a la política económica llevada a cabo por el Gobierno de España.
Con anterioridad, el Parlamento rechazó una proposición no de ley, presentada por el grupo de Por Andalucía, en la que se instaba al Gobierno de España a que adopte una serie de medidas contra la corrupción, especialmente aquellas dirigidas a "prevenir, disuadir, combatir y restaurar el daño producido por los actores corruptores
