El Parlamento de Andalucía aprueba la nueva ley de Cooperativas

La reforma de la norma contempla la reducción del número de socios, acordada con el sector, lo que eliminará una dificultad a la creación de nuevas empresas sin alterar los principios ni la forma jurídica del cooperativismo y sin impedir las futuras ampliaciones de la base social mediante adhesiones voluntarias y abiertas.

Para la constitución de una cooperativa con dos socios, se especifica que la aportación al capital social de uno de ellos podrá llegar hasta el 75 por ciento del total. En los estatutos, los promotores podrán optar entre una administración única o solidaria.

Con estos cambios, Andalucía se convertirá en una de las comunidades autónomas más flexibles en cuanto a la puesta en marcha de este tipo de sociedades, caracterizadas por su capacidad para vertebrar el territorio, su estabilidad (promedio de vida de 17 años) y una marcada responsabilidad social que se traduce en la creación de empleo de calidad.

Junto con esta flexibilización, la ley modificada también incorporará el régimen sancionador para las cooperativas con sección de crédito, una materia que actualmente aparece regulada principalmente en su reglamento de 2014 y que establece multas de hasta 30.000 euros y la posibilidad de prohibir la actividad en los casos de las infracciones más graves.

La economía social tiene especial importancia en el tejido empresarial andaluz, con 6.092 empresas (3.974 cooperativas y 2.118 sociedades laborales) que en su conjunto dan empleo a 69.044 trabajadores. Andalucía es la primera comunidad en número de entidades y de personas ocupadas por la economía social, con un 20,1 por ciento y un 16,7 por ciento del conjunto nacional, respectivamente, y con un protagonismo destacado de las cooperativas de trabajo y las agroalimentarias.

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha indicado ante el Pleno que esta nueva norma persigue dotar de mayor seguridad jurídica al mundo de cooperativas, al incorporar un régimen sancionador para las secciones de crédito. 

El diputado del PP-A Antonio Saldaña ha indicado que su grupo respalda determinadas medidas concretas de la nueva norma porque vienen a mejorar la que ha estado vigente hasta ahora, si bien ha lamentado que la Junta no haya sido más ambiciosa a la hora de abordar la modificación normativa. Ha valorado que la modificación de la norma suponga eliminar trabas, flexibilización en el sector y agilizar los trámites, y que haya una regulación de las cooperativas de crédito. En su opinión, PSOE-A y Cs han perdido una "oportunidad histórica de hacer una reforma mucho más profunda" de la Ley de Cooperativas.

La parlamentaria de Podemos Carmen Lizárraga ha considerado que es imprescindible promover el cooperativismo porque es clave para reorientar el modelo productivo andaluz y porque son más resistentes al no ser competitivas, funcionan mejor a largo plazo y crean empleo estable y de calidad. Ha considerado que la reducción del número de socios necesarios para crear una entidad de estas características puede estar bien para el inicio de la actividad, pero que pasado un tiempo debería ampliarse el número de socios.

El diputado de Ciudadanos  Carlos Hernández ha considerado positiva esta nueva norma para el desarrollo cooperativo en Andalucía y para quitar "trabas". Ha indicado además que aporta "flexibilidad" al reducir de tres a dos el número de cooperativista necesarios para constituir una sociedad, así como "certeza" en la parte de secciones de crédito al incluir mejoras en el régimen sancionador.

La diputada de IULV-CA Carmen Pérez ha considerado que la solución a las debilidades de las cooperativas se encuentra en la aplicación de sus propios principios y no atendiendo a criterios de empresas. Ha lamentado que en esta norma también hay un "exceso" de burocracia.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Noelia Ruiz ha sostenido que la modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas es clave para el tejido empresarial de Andalucía, también por el papel fundamental que tiene este sector en la internacionalización de la economía. Así, ha asegurado que esta nueva norma responde al compromiso del Gobierno andaluz con un sector "que merece todas las flexibilidades y garantías para seguir creando empleo en el territorio". 

LEY AGRICULTURA Y PESCA SIGUE TRAMITACIÓN

El proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía continuará su tramitación parlamentaria tras superar esta tarde el debate de totalidad, aunque todos los grupos de la oposición han anunciado que presentarán enmiendas tras tachar de inconcreto el texto presentado por el gobierno.

La nueva norma, entre otras novedades, establece un mayor control sobre productos con precios anormalmente bajos para evitar fraudes o prácticas desleales, lo que puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros.

Esa es la multa prevista para ese tipo de actuaciones, aunque la nueva norma prevé sanciones de hasta 800.000 euros para las faltas más graves y, en todo caso, la penalización siempre será superior al beneficio obtenido de manera ilícita.

Durante la defensa del proyecto de ley, el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado que esta norma refleja la labor y "el compromiso del más amplio espectro de la sociedad andaluza" porque la actividad agraria ha sido "históricamente protagonista de la economía andaluza y garante de la permanencia de un mundo rural vivo".

Tras señalar que debe prestarse especial atención al trabajo asalariado y, en particular, al trabajo temporal, ha apostado por que los colectivos prioritarios puedan acceder a la tierra.

Ha resaltado también el "decidido compromiso" de la Junta con la transparencia en las relaciones comerciales, con el refuerzo del Observatorio de Precios y los sistema de autorregulación, y ha hecho hincapié en que la nueva norma defiende también los intereses de los consumidores.

El consejero ha invitado a los grupos parlamentarios a "enriquecer" el texto, del que ha dicho que está "abierto y necesita todas las contribuciones".

El proyecto de ley incluye medidas para la reducción del desperdicio alimentario y obliga a gestionar los excedentes con fines sociales, al tiempo que otorga especial protagonismo a las mujeres y los jóvenes, al reconocer a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas, ha destacado Sánchez Haro.

El portavoz del PP, Manuel Andrés González, ha dicho que a su grupo le hubiera gustado "una mejor ley" teniendo en cuenta que llega al Parlamento "veinte años después de lo prometido", y ha considerado que es una norma "genérica, poco concreta".

"Por favor, eliminen la palabra 'podrá' y adquieran compromisos", ha pedido al consejero, tras lo que ha señalado que el PP "echa en falta" un compromiso "serio" con la creación de empleo en la agricultura, como también que no se prevean "gastos adicionales" en este sector.

"Cabe preguntarse si era necesaria esta ley teniendo en cuenta que la mayor parte de las medidas corresponden a actuaciones que ya se están realizando", ha indicado haciéndose eco de "afirmaciones del propio Gobierno andaluz", tras lo que ha lamentado que la propuesta normativa del gobierno sea sólo "una declaración de intenciones".

La portavoz de Podemos, Carmen García, ha coincidido con el PP en la falta de concreción del proyecto de ley presentado por el gobierno, del que ha dicho que tiene una "ambición genérica", pero "poca eficacia".

"El texto es una declaración de intenciones y necesita mejoras durante la tramitación" parlamentaria, ha sentenciado.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, que ha recordado que la aprobación de esta ley fue uno de los acuerdos incluidos en el pacto de investidura, ha ironizado: "Les ha costado a ustedes bastante traer el texto", tras lo que ha pedido que se agilice la tramitación para que se pueda aprobar en esta legislatura.

Como el PP y Podemos, ha dicho que espera que durante el trámite parlamentario haya una mayor concreción en las medidas y ha anunciado que Ciudadanos va a presentar enmiendas para mejorar el texto, del que ha dicho que "hay un exceso de burocracia", por lo que ha reclamado "menos trabas"
El portavoz de IU, Antonio Maíllo, ha dicho que es una ley "deseada" porque la agricultura, pese a su importancia en Andalucía, no está "blindada", aunque ha recalcado que el texto presentado por el gobierno es "susceptible de ser mejorado", algo que espera durante la tramitación parlamentaria.

Aunque ha admitido que hay elementos "positivos" y ha dicho que hoy es un "día histórico", ha llamado la atención sobre las "ausencias" en el proyecto de ley, como las relativas a los transgénicos o el banco de semillas, y también ha mostrado su preocupación por la carencia de una memoria económica.

El portavoz del PSOE, Miguel Castellano, se ha felicitado por la tramitación de esta ley de "presente y futuro" y que tiene una función social "muy importante", tras lo que ha rechazado que contenga un "exceso de burocracia", como han sostenido algunos grupos