El juez procesa a siete ex altos cargos socialistas por las ayudas a Delphi en el 'caso ERE'
Concluye la investigación de una de las piezas separadas más importantes de esta causa: la relativa a las ayudas millonarias a extrabajadores de la multinacional por prejubilaciones.
En total hay 12 acusados. El juez considera que la Junta concedió estas ayudas "graciosamente" y sin respetar la ley.
Para el PP andaluz, los más de 260 millones defraudados forman parte del "legado de la corrupción" de los socialistas en la Junta.
En el caso de los ERE, el juez ha dado por terminada la investigación de una de las piezas separadas más importantes de esta macrocausa: la relativa a las ayudas millonarias concedidas a los extrabajadores de Delphi para el pago de sus prejubilaciones con cargo al llamado 'fondo de reptiles'. El magistrado coloca a un paso del banquillo a 12 acusados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista.
En esta rama del caso ERE se ha investigado las ayudas que, por importe de más de 260 millones de euros, la Junta de Andalucía concedió para hacer frente a la crisis laboral provocada por el cierre de la multinacional Delphi tenía en Puerto Real (Cádiz). Gran parte del dinero se destinó al pago de prejubilaciones.
En el auto con el que da por cerrada la investigación, el juez dice que la Junta concedió estas ayudas "graciosamente" y sin respetar la ley. Así, detalla que no hubo solicitud formal de los beneficiarios, que el crédito presupuestario al que se imputó el gasto no era el adecuado, que la contratación de la mediadora y la aseguradora no respetó lo que establece la ley y que se eludió la fiscalización por parte de la Intervención.
A falta del auto de procesamiento, tendrán que responder previsiblemente cuatro exviceconsejeros, dos exdirectores generales de Trabajo y un exdirector de la agencia IDEA, todos de la etapa socialista. A ellos se suman dos sindicalistas, dos beneficiarios ilegales de las ayudas y un directivo de la mediadora en la contratación de las pólizas de prejubilación. Se les ha investigado por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Ahora, el juez da un plazo de 20 días a la Fiscalía y al resto de acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.
Tras conocerse la decisión del juez sobre este caso, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha dicho que los más de los 260 millones de ayudas que se concedieron forman parte, a su juicio, del "legado de corrupción" de los anteriores gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía.
