El Gobierno y ERC pactan para Cataluña 90 jueces más de lo previsto en el reparto para toda España
La Junta y el TJSA considera que es un agravio a Andalucía, con un déficit de 158 magistrados.
De las 500 plazas previstas por el Gobierno para toda España este año a nuestra comunidad le corresponden 95.
Cataluña conseguirá el doble en dos años.
El Congreso ha aprobado la Ley de multirreincidencia con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN.
ERC se han abstenido a cambio del acuerdo para más jueces en Cataluña.
Sumar la ha rechazado, al igual que Bildu, Podemos, BNG y Compromís.
El Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han acordado aumentar la planta judicial en Cataluña en 90 jueces más en 2027.
Esta cifra se suma a las 91 plazas que se crearán a lo largo de esta año y que se contempla en el real decreto que prevé la creación de 500 unidades judiciales en toda España para garantizar el desarrollo de la nueva Ley contra la multirreincidencia que se ha aprobado este jueves en el Congreso.
Con este aumento, Cataluña contará con 180 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de unos 870 a 1.050 jueces en la comunidad.
La Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reclaman para nuestra comunidad más plazas de jueces de las previstas por el Gobierno central este año. Ambas instituciones considera que lo aprobado para Cataluña supone un agravio para el sistema judicial andaluz.
De las 500 nuevas plazas dispuestas para toda España, 95 corresponderían a Andalucía, después de que el pasado año no se creara ninguna en nuestra comunidad y, en cambio, se asignaron 60 para Cataluña.
Según el Gobierno andaluz, nuestra comunidad necesita 158 nuevos jueves. A Cataluña le van a corresponder este año 91 nuevas plazas de esas 500. Pero además, el Gobierno ha acordado con ERC para 2027 otras 90 plazas.
Ley contra la multirreincidencia
El Congreso ha aprobado este jueves con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN la reforma penal impulsada por el partido de Carles Puigdemont para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes.
La ley ha evidenciado una fractura entre los dos partidos que componen el Ejecutivo, ya que Sumar la ha rechazado enérgicamente, al igual que los socios de izquierda Bildu, Podemos, BNG y Compromís. En cambio, ERC se ha abstenido a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Cataluña.
Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma.
Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa, que ahora sale aprobada del Congreso con destino al Senado para completar su tramitación.
En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.
En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, "cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro". Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas".
Por último, mediante una enmienda 'in voce' acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.
