historia de andalucía
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El Congreso abre la puerta a que la familia de García Caparrós sepa quién le disparó

La Mesa de la Cámara ha aprobado una reforma en el acceso a los archivos que permitirá, casi medio siglo después, la desclasificación de los documentos sobre el asesinato del joven malagueño en la manifestación por la autonomía de 1977.

 

CANAL SUR MEDIA 23 septiembre 2025

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes nuevas normas de acceso al Archivo de la Cámara y que abren la puerta a que la familia de Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de  1977 en Málaga en una manifestación por la autonomía andaluza, pueda conocer la identidad de los responsables de su muerte. 

En ello confían las hermanas una vez que la Mesa del Congreso de los Diputados ha dado el paso para la desclasificación de los archivos sobre el caso sin restricciones y que, casi medio siglo después de su muerte, podría permitir a la familia conocer la identidad de los responsables del asesinato del joven García Caparrós.

García Caparrós, trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria de Málaga y militante de CCOO fue asesinado cuando tenía 18 años mientras participaba en la gran manifestación por la autonomía de Andalucía, al ser alcanzado por una bala del calibre utilizado entonces por la Policía.

Las hermanas de García Caparrós llevan décadas luchando para conseguir conocer los informes de la época sobre el asesinato. Loli García Caparrós ha manifestado que espera que "sea la definitiva, que salga todo a la luz, se sepa toda la verdad y no escondan lo del 4 de diciembre" y se ha mostrado confiada en conocer la identidad del responsable del asesinato: "Ahí tiene que estar todo".

Los grupos parlamentarios de PSOE y PP en Andalucía han mostrado su satisfacción por esta reforma del Congreso que permitirá esclarecer un importante episodio de la historia de la autonomía.

"Supuestamente un cabo ya fallecido"

A falta de información oficial, la familia tiene datos extraoficiales que señalan que el autor del disparo mortal "supuestamente era un cabo, que lo trasladaron a Vélez-Málaga y que está fallecido desde hace cinco o seis años", aunque ha precisado que "no puedes acusar a una persona si no está 100 % seguro, con papeles", por lo que ha indicado que hay aguardar a la confirmación, según explican Loli y Puri, hermanas de la víctima.

"Aunque no viva el autor, me da igual, el nombre se tiene que saber", ha resaltado, y ha lamentado que "se destruyó una familia" con lo sucedido. 

También desde el sindicato CCOO, en el que militaba García Caparrós, ha destacado la importancia de la desclasificación del caso.

Lo que ha hecho la Mesa del Congreso de los Diputados es aprobar nuevas instrucciones que permitirán acceder a los archivos sin anonimizar de la Comisión de Encuesta de 1977 sobre este caso. Según la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, se trata de "un día importante" para los trabajadores y para la democracia.

La vicepresidenta tercera del Congreso y diputada andaluza de Sumar, Esther Gil de Reboleño, califica de "históricas" tales instrucciones del Departamento de Archivo y Biblioteca y ha destacado que permitirá conocer la identidad de los responsables del asesinato de García Caparrós. "Un gran paso para el andalucismo y el antifascismo, que rompe décadas de silencio y abre un camino de verdad y justicia", ha dicho.

En concreto, la Mesa del Congreso ha aprobado nuevas normas que regirán el acceso al Archivo de la Cámara y que abren la puerta a la consulta de documentos que contengan datos personales, siempre que lo autorice el órgano de gobierno de la institución. Y si en documentos preconstitucionales hay "datos nominativos o meramente identificativos de personas que no afecten a su seguridad o intimidad", se podrán consultar cuando el titular de esos datos haya fallecido o el solicitante "acredite la existencia de un interés legítimo".

Las nuevas normas aprobadas este martes se enmarcan en el I Plan de Parlamento Abierto puesto en marcha por el Congreso y actualizan las que regían desde 1984, para adaptarlas al funcionamiento del resto de archivos de los órganos constitucionales y administraciones públicas.

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