El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de ese requerimiento, previo a la reclamación judicial.
La consejera de Igualdad ha pedido al Ejecutivo central planificación y coordinación ante la crisis migratoria.
Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central planificación y coordinación ante la crisis migratoria y ha hecho un requerimiento al Estado, previo a la vía judicial, de 16,8 millones de euros para financiar la atención que presta a 567 menores "trasladados como adultos".
El Consejo de Gobierno, según ha informado a su término en rueda de prensa la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha tomado conocimiento de ese requerimiento para que el Estado financie esa cuantía que ha soportado "a pulmón", al asumir la atención integral e inmediata de los 567 personas menores migrantes trasladados a Andalucía como adultos por el Gobierno de España.
La Junta solicita también al Gobierno que planifique y coordine con la comunidad las políticas migratorias y lamenta la que considera falta de acción y respuesta por parte del Ejecutivo central ante esta complicada coyuntura social.
El Ejecutivo andaluz solicita que las llegadas de los flujos migratorios desde Canarias hasta la península se hagan de manera ordenada y respetando los procedimientos establecidos.
'ÚLTIMO CARTUCHO'
López ha explicado que se trata de un requerimiento preceptivo previo a la vía judicial, que representa "el último cartucho" antes de acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo frente a lo que ha calificado como "desidia, caos, desorden y descontrol" del Gobierno central en materia de política migratoria.
La consejera ha censurado que ese medio millar de menores llegaran a la comunidad "por la puerta de atrás" como "falsos adultos", y ha acusado al Gobierno de "trasladar a niños como si fueran paquetes": "Política de Amazon, los monto en un avión, los suelto en Andalucía y si te he visto no me acuerdo", ha sentenciado.
También ha criticado que, ante el nuevo reparto de menores que se está cerrando, se baraje la posibilidad de excluir a Cataluña y el País Vasco, lo que interpreta como un intento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar a los menores migrantes como "moneda de cambio".
López se ha mostrado a favor una inmigración "regulada y ordenada", frente a lo que está haciendo el Ejecutivo, que cree que en esa materia migratoria "negocia con personas a cambio de sillones".
Por otra parte, preguntada sobre la denuncia de Por Andalucía por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de pisos para jóvenes migrantes extutelados, ha confirmado que se ha abierto un procedimiento sancionador en Granada y Málaga.
En cualquier caso, ha criticado a la portavoz de esa formación de izquierdas, Inmaculada Nieto, por "manchar" a todo el sector de las organizaciones no gubernamentales: "Flaco favor hacemos los partidos político cuando cuestionamos a todo el sistema", ha recalcado.