Andalucía comienza a aplicar las medidas para proteger al profesorado frente a agresiones
Entra en vigor el decreto que califica de atentado a la autoridad cualquier agresión o intimidación a un docente.
Se aplicará tanto a alumnos como a padres.
Cada provincia tendrá una unidad para prestar asesoramiento jurídico y psicológico al profesorado.
Cualquier agresión o intimidación hacia el profesorado ahora pueden ser consideradas como atentado contra la autoridad. Así lo establece el decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, que acaba de entrar en vigor en Andalucía.
En cada provincia habrá una unidad de apoyo para prestar a los docentes asesoramiento psicológico y jurídico.
De los 109.000 docentes que hay en nuestra comunidad, más de 70 han pedido asistencia jurídica en lo que va de curso. Lo han hecho tras sufrir agresiones físicas o verbales, o daños personales y materiales.
El nuevo decreto viene a reconocerles la condición de autoridad pública, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario.
Carmen del Valle, profesora del IES Politécnico de Sevilla, valora la creación de esta normativa y explica que el profesorado siempre tiene la "espada de Damocles de la presión de los padres y la causa es la poca oferta de plazas públicas que hay tanto en la Universidad como en la Formación Profesional".
No sólo los alumnos, sino también sus padres o tutores tienen el deber legal de respetar esa autoridad del profesorado. En las aulas, la medida, largamente esperada, ha sido muy bien recibida por los docentes.
La aplicación de la normativa se extiende a actividades complementarias y extraescolares, además de situaciones de ciberacoso.
