Pone de manifiesto "cambios significativos" entre las cifras del proyecto y en el desglose por capítulos, según el informe que ha trasladado al juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha trasladado al juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe en el que detalla presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de Adif y Carreteras.
El informe se centra en 11 adjudicaciones con "una serie de notas comunes", como incremento de precios y puntuación de obras sin justificar
Una de las obras que está en el foco de la investigación es un tramo de la alta velocidad que se construye entre Vera y Pulpí, en Almería. Forma parte del Corredor Mediterráneo y acumula un sobrecoste de más de 20 millones de euros.
Una vez adjudicado el proyecto, "el contratista formuló una serie de reservas en la comprobación del replanteo", las cuales "determinan la tramitación de un proyecto modificado, previa tramitación del procedimiento para la continuación provisional de las obras", detalla.
Según el informe, "la modificación del contrato fue acordada el 31 de julio de 2022" y "el adicional de gasto del mismo (incremento) fue de 24.155.223 euros, lo que supuso un 19,93% respecto del importe de adjudicación".
Hacienda pone de manifiesto "cambios significativos" entre las cifras del informe del proyecto y en el desglose por capítulos, unos datos que "fueron los que parece que se tuvieron en cuenta en el informe de la Inspección de servicios de 30 de marzo de 2022".
"La cercanía de ambos informes, junto con estos cambios, nos llevan a pensar que se acordó previamente que el importe de la modificación fuera de algo menos del 20%, siendo la distribución por capítulos cambiante", apunta.
Y remacha: "Es difícil entender que 'la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato', cuando ésta responde en su mayor parte, al menos, a defectos puestos de manifiesto por el contratista en el acto de comprobación del replanteo".