El exalcalde de Albox se enfrenta a siete años de prisión por el asfaltado de la rambla

Este lunes ha comenzado en la Audiencia de Almería el juicio por malversación contra el exalcalde de Albox por el llamado 'caso Rambla'. En el banquillo se sienta también el exconcejal de Obras Públicas. La Fiscalía pide 7 años de inhabilitación, al autorizar el encementado de la rambla del municipio sin los correspondientes permisos.

El exalcalde Francisco Torrecillas y el exconcejal de Obras José Simeón Campoy están acusados del asfaltado de la rambla de Albox para el aparcamiento de vehículos con fondos presuntamente malversados y sin autorización medioambiental de la Junta de Andalucía.

En concreto, ambos se enfrentan a dos años de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otros cinco años por un delito de malversación que también se imputa al interventor, como cooperador necesario, puesto que fue quien autorizó el gasto y firmó el contrato que se habría simulado para efectuar la obra "sin formular reparo alguno".

La vista oral comienza casi un año después de que se aplazara por primera vez, en mayo del pasado año, después de que Torrecillas alegara una baja médica que le dificultaba la movilidad a causa de un accidente en el que sufrió varias fracturas.

En su escrito de calificación, el fiscal señala que en julio de 2017 el regidor albojense y el que entonces era su concejal de Obras decidieron de "común acuerdo" pavimentar el cauce de dicha rambla. Aunque ambos "eran conocedores de que la obra requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía", "pensaban" que esta institución no "concedería" este permiso.

Según el fiscal, a pesar de saber que la obra "no se ajustaba a la legalidad", Torrecillas "decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución, ni tramitar expediente administrativo en el que se emitiera informe jurídico por el secretario de la corporación", contando presuntamente con la colaboración del edil Campoy.

El contrato de obra tenía un presupuesto total de 49.948,50 euros de los que 25.000,50 correspondían, según el contrato, al hormigonado de la rambla. "El interventor firmó el contrato, autorizó el gasto y el pago sin formular reparo alguno", dice el fiscal, añadiendo que sabía que el alcalde y el concejal habían "preparado un contrato de obra simulado", por lo que pide para él cinco años de cárcel.

Subraya que el contrato correspondía a un suministro que "no se podía tramitar como contrato menor", además de que no había "ninguna resolución acordando las obras ni autorizando el gasto" o tramitado expediente administrativo alguno", así como que "la obra se iba a ejecutar en la rambla que no es de titularidad municipal, sino que forma parte del dominio público hidráulico".

El fiscal pide dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio a Torrecillas y Campoy, para los que también pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante doce años por un delito de prevaricación, y cinco años más de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, por el que también acusa al interventor. 

Solicita por último que los dos políticos abonen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento dos indemnizaciones de 57.130,366 y 8.712 euros.