Anboto, exjefa de ETA, en régimen de semilibertad

El Gobierno Vasco ha concedido a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre Anboto un régimen de semilibertad que le permitirá estar fuera de la cárcel de lunes a viernes, con la obligación de volver a dormir a prisión. Anboto acumula condenas que rondan los 500 años de prisión por participar en distintos atentados. Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, y víctima de ETA ha mostrado su indignación: "La asesina tiene 15 asesinatos y solo ha cumplido 20 años".

La exjefa de ETA podrá salir de prisión entre semana a partir del próximo lunes, después de que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco le haya concedido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento de prisiones. De esta forma, Anboto se ha beneficiado de la misma medida penitenciaria que el exjefe de la banda terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', quien salió el pasado mes de febrero de la prisión de Matutene, en San Sebastián, en régimen de semilibertad. Txeroki puede salir de la cárcel durante el día entre semana, aunque tiene que pernoctar en el centro penitenciario, donde permanece los fines de semana.

La medida para Txeroki fue autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado. Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener 'un plan de ejecución' en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda armada desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu Urrutikoetxea 'Josu Ternera' de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA.

Nacida en la localidad guipuzcoana de Escoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.

En el año 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.

INDIGNACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La asociación Dignidad y Justicia ha denunciado que la concesión del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, es "el resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa". Así lo ha expresado la asociación, que también ha aseverado que el Gobierno vasco "ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo".

"La semilibertad de Anboto se produce después de la que ha sido concedida a otra treintena de terroristas, entre los que se encuentra el exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Todos estos terceros grados encubiertos solo reflejan que el Estado de Derecho no funciona, que la reinserción es mentira y que existe un pacto entre Bildu y el PSOE que parece estar por encima de la ley, de las víctimas del terrorismo, de la democracia y de los ciudadanos", ha subrayado la organización en un comunicado.

Asimismo, ha denunciado que la exjefa de ETA acceda a la semilibertad pese a estar investigada en la Audiencia Nacional (AN) en causas relacionadas con una decena de asesinatos sin resolver, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa.

La asociación ha señalado además que la exdirigente etarra, condenada a 717 años de prisión por su participación en 14 asesinatos, no ha aportado información para esclarecer los crímenes sobre los que tiene conocimiento, requisito que, como explica Dignidad y Justicia, la ley establece como condición para la concesión de cualquier beneficio penitenciario.

Desde que Iparraguirre asumió la jefatura de ETA en marzo de 1992, tras la detención de la cúpula de Bidart, la organización cometió 33 asesinatos que permanecen sin resolver "sobre los que ella tiene seguro información sensible para colaborar en su esclarecimiento", como ha subrayado Dignidad y Justicia.

"Los etarras salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia. Hay 376 casos sin resolver en la Audiencia Nacional y ninguno de los terroristas que han sido liberados ha ayudado a avanzar lo más mínimo en estas investigaciones estancadas", ha lamentado la asociación.