Un alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) denuncia adjudicaciones irregulares en contratos públicos por 25 millones que tendrían que haber sido destinados a la lucha contra el cáncer. Dos empresas fundadas por anteriores altos cargos de la institución se habrían lucrado durante 18 años con contratos que se fraccionaban, se inflaban o en los que no había prestación real porque no tenían personal cualificado. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía de Madrid.
Anticorrupción está estudiando de momento la citada denuncia, aún no ha abierto diligencias, han confirmado a EFE fuentes del Ministerio Fiscal. El diario El Mundo publica este lunes que un antiguo alto directivo del CNIO presentó el pasado 27 de junio una denuncia de 120 páginas en la que señala que empresas de ex cargos de la entidad se habrían lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente, Juan Arroyo.
En el texto, el denunciante, exdirector de Compras y de Operaciones del CNIO, describe un presunto "torrente de microcorrupción" que desemboca, según sus cálculos, "en entre 20 y 25 millones de euros robados a la lucha contra el cáncer" en el centro. "Una gigantesca operativa de contratos -sobre todo administrativos, logísticos e informáticos- que de pronto se descubren amañados, fraccionados, inflados (a veces al 400 %) o directamente sin contraprestación, o con nulo valor añadido", describe el periódico.
Según el denunciante, todo girando en torno al actual vicedirector de Asuntos Económicos de la entidad y director gerente hasta enero pasado, Juan Arroyo. Este fue destituido como gerente el pasado enero por el patronato del CNIO, que también destituyó a su directora científica, María Blasco.
El supuesto procedimiento plasmado en la denuncia ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción se habría mantenido durante 18 años, según el diario, que cita a tres empresas afines a excargos del CNIO. Fuentes del CNIO consultadas por EFE han manifestado su absoluto respeto a los procesos judiciales y su disposición, en caso de que así le sea solicitado, a colaborar con la justicia.