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La ministra de Ciencia defiende en "La mañana de Andalucía" la decisión sobre las agencias nacionales

Diana Morant responde al malestar de Granada por no acoger la Agencia de Inteligencia Artificial recordando que el proyecto de ciencia más importante del Gobierno, el IFMI-DONES, se instalará en la provincia granadina.

7 diciembre 2022

El gobierno defiende la transparencia y la equidad en la concesión a Sevilla de la sede para la Agencia Espacial Española y en la denegación a Granada de la Agencia para la Inteligencia Artificial, que finalmente estará en La Coruña.

Ante la posibilidad de que Granada impugne esta decisión la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha remarcado en La mañana de Andalucía que todo el procedimiento ha estado marcado por la "transparencia" y por "criterios objetivos", al tiempo que ha pedido "resaltar las cosas positivas" del proceso de descentralización iniciado por el Gobierno y "no enfrentar a ciudades contra ciudades". De ahí que haya respondido a la intención del Gobierno socialista de Javier Lambán en Aragón de acudir a los tribunales por no ser Teruel sede de la Agencia Espacial diciendo que "algunos, una minoría, están anclados en el enfrentamiento entre territorios, en la cultura del agravio".

La titular de Ciencia e Innovación, que visita este miércoles la que será la sede de la Agencia Espacial en el barrio sevillano de San Jerónimo tan solo 48 horas después de la designación de Sevilla, ha defendido que las dos sedes han sido elegidas "por unanimidad" en un procedimiento impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "equilibrar lo desequilibrado", ya que, sin esta apuesta, las sedes "se habrían abierto en Madrid sin más movimiento".

En relación a las críticas desatadas tanto en Granada --que optaba a la Agencia de Inteligencia Artificial-- como en comunidades autónomas como Madrid y Aragón --que incluso ha anunciado que estudia plantar batalla judicial por la elección de Sevilla--, Diana Morant ha recordado que, además de la sede, el Gobierno ha repartido en aplicación del Perte aeroespacial "412 millones de euros en todo el territorio nacional; más de 84 millones de euros en Andalucía, 103 millones en Madrid y algo más de 53 millones en Valencia, por ejemplo".

En el caso concreto de Granada, ha recordado que la ciudad ha logrado "el proyecto de ciencia más importante del país", en alusión al IFMI-DONES, que supondrá una inversión de 700 millones de euros y la generación de 1.000 empleos en ese proyecto europeo para desarrollar la Fusión como fuente de energía. "No se puede acusar a este Gobierno de que no apostamos por Granada", ha sentenciado.

La ministra ha subrayado que el procedimiento de descentralización supone abrir "una nueva etapa" con la que el Gobierno quiere "dar oportunidades" a todos los territorios. "Es una política acertada", ha sostenido Morant, para la que el Ejecutivo está "dibujando una nueva forma de construir país".

Por último, y en contestación a un mensaje publicado por el secretario de Programa de Podemos --formación que sustenta el Gobierno de coalición--, Pablo Echenique, cuestionando el procedimiento y el resultado de la elección, la ministra ha recordado que "el dictamen de la comisión evaluadora ha sido adoptado en los dos casos --Sevilla y A Coruña, por unanimidad y que, posteriormente, fue aprobado por el Consejo de Ministros donde entiendo que hay unanimidad", ha sostenido.

Por otro lado, en cuanto al posicionamiento del Gobierno sobre la ley del 'Solo sí es sí', Morant ha señalado que "si el poder jurídico interpreta la ley de libertad sexual de manera distinta a lo que ve el poder legislativo y no se está cumpliendo con la voluntad del legislador todavía tenemos una oportunidad de ajustar lo que haga falta".

La ministra ha añadido que los "jueces son los que tienen que hacer cumplir con las leyes que se generan en la sede del poder del pueblo, que son los que legislan". En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho que el Ejecutivo "estudiará la interpretación que hacen los tribunales para ver si hay que ajustar la ley para que se cumpla la voluntad del legislador".

Ha admitido que es una ley que puede generar ciertas dudas en su aplicación y, por eso, se estaba pendiente de la interpretación de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, si bien ha dejado claro que la ley nació con una "voluntad clara de proteger a las mujeres frente a los delitos de acoso, abuso y agresión".

 

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