La investigación judicial y las acusaciones de Corinna Larsen que amenazan a Juan Carlos I

El monarca conoció en 2008, ha vivido cerca de una década en La Zarzuela y en numerosas ocasiones ha formado parte de las delegaciones que acompañaban al Rey en sus viajes al exterior

La Fiscalía de Ginebra investiga desde hace dos años donaciones millonarias vinculadas el rey emérito y su antigua amiga Corinna Larsen y a sus amistades en Arabia Saudí

Una de esas donaciones, según reveló un diario suizo, era de 100 millones de dólares, pagados por Arabia Saudí a una cuenta bancaria a nombre de la entidad panameña Lucum, de la que don Juan Carlos era único beneficiario.

CANAL SUR MEDIA 4 agosto 2020

El ocaso y finalmente la marcha del país de Juan Carlos I ha venido de la mano de Corinna Larsen, una empresaria germano danesa a la que el monarca conoció en 2008, ha vivido cerca de una década en La Zarzuela y en numerosas ocasiones ha formado parte de las delegaciones que acompañaban al Rey en sus viajes al exterior.

La caza ha sido el principio y el final. Corinna Larsen, que entonces utilizaba el título nobiliario de su segundo marido, conocía a Juan Carlos I en una cacería en Ciudad Real, que había organizado como gerente de la firma Boss and Company. Culta, plurilingüe y sofisticada, se convierte entonces en una sombra que acompaña a Juan Carlos I en viajes oficiales, aunque nadie dice en voz alta quién es.

El telón se descorre en 2012. Un accidente desvela que mientras el país bracea contra la crisis, el rey caza elefantes en Botswana. Es entonces cuando la sociedad española se entera de quién es Corina y poco a poco se precipita el final. Comienzan las investigaciones judiciales y el comisario jubilado y ahora encarcelado José Manuel Villarejo hace pública unas grabaciones a Corinna en las que afirmaba haber sido testaferro del monarca . También acusaba del tener cuentas opacas y cobrar comsiones del AVE a la Meca.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El Rey Emérito se ha ido de España en plena investigación por presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados, como fraude a la Hacienda Pública o blanqueo de capitales. Los problemas que le han llevado a tomar la decisión de abandonar el pais comenzaron con las pesquisas en Suiza de la Fiscalía de Ginebra, sobre donaciones presuntamente vinculadas con don Juan Carlos. De momento, en España el ministerio Público está estudiando la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la investigación que mantienen allí abierta.

La Fiscalía de Ginebra investiga desde hace dos años donaciones millonarias vinculadas el rey emérito y su antigua amiga Corinna Larsen, ante la sospecha de que se tratara de operaciones de blanqueo de dinero. Una de esas donaciones, según reveló un diario suizo, era de 100 millones de dólares, pagados por Arabia Saudí a una cuenta bancaria a nombre de la entidad panameña Lucum, de la que don Juan Carlos era único beneficiario.

Según aquella información, parte de ese dinero se retiró de la cuenta y a Corina se le transfirió presuntamente unos 65 millones de euros. También se conoció que la fiscalía suiza investigaba posibles vinculaciones entre estas sumas y supuestas comisiones pagadas al padre del Rey Felipe Sexto tras la adjudicación a un consorcio de firmas españolas del contrato para las obras del tren de alta velocidad entre las ciudades saudíes de La Meca y Medina.

Las investigaciones en Suiza llevaron a la Justicia española a retomar las pesquisas en torno a don Juan Carlos, pese a que con anterioridad había renunciado a ello por falta de evidencias.

El Rey emérito no está siendo investigado en estos momentos, pero no es descartable. La Fiscalía del Supremo está estudiando la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la investigación que mantienen allí abierta y está a la espera de recibir más información. En todo caso, lo que se está investigando son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, una fase previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo, tribunal ante el que el Rey emérito está aforado desde su abdicación.

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