Junts, PP y Vox tumban la moratoria antidesahucios y la protección de impagos de la luz o el alquiler

Nuevo revés en el Congreso al Gobierno, que ha cosechado una doble derrota al ser rechazados dos de sus decretos. Los votos en contra de Junts, PP y Vox, han hecho que no se aprueben el decreto ley para prorrogar el llamado 'escudo social', que incluía la moratoria antidesahucios de personas vulnerables y el decreto del límite de precios en situaciones de emergencias. Sí han salido adelante otros dos decretos: el de la subida de las pensiones y el de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.

El decreto -rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de la norma son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.

El PP, Vox y Junts han vuelto a votar, como hicieron hace un mes, con el argumento de que la moratoria antidesahucios protege la "okupación". Tras perder aquella votación, el Gobierno extrajo de la norma la revalorización de las pensiones -que hoy sí ha sido avalada por la cámara en un decreto separado-, como pedían Junts y el PP. Sin embargo, se negó a extraer la suspensión de los desahucios, lo que le ha llevado a perder también esta segunda votación. El Gobierno -con el apoyo de sus socios- ha asegurado que no va a "trocear" más este decreto-ley para conseguir la abstención de los siete diputados de Junts, con la que se garantizaría la convalidación.

La alternativa para desbloquear la situación la ha señalado la diputada de Junts Marta Madrenas durante el debate: que el Estado se haga cargo del pago del alquiler de las familias vulnerables sin alternativa habitacional para que no sean desahuciadas, pero los propietarios de las viviendas no resulten perjudicados. "La solución no requiere ningún nuevo decreto. Si disponen de 300 millones de euros para proteger a las familias vulnerables, el Estado puede ir a pagar la deuda y hacerse cargo del alquiler mientras dure la situación de vulnerabilidad", ha planteado Madrenas, que poco después registraba en el Congreso una iniciativa al respecto.

Durante el debate, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado que el PP y Junts votaron a favor hace un año del decreto que prorrogó durante 2025 la suspensión los desahucios con un texto "idéntico" al que hoy rechazan con la "excusa barata de la okupación".

El diputado del PP José Vicente Marí le ha replicado que su grupo está "en contra de un artículo que ayuda a los delincuentes" y de un "decreto que apoya a los okupas" y le ha reprochado el "evidente fracaso de sus escudos sociales".
En nombre de Vox Carlos Hernández-Quero ha afeado al Ejecutivo que "siga presumiendo de escudo social mientras entrega a la gente a la más pura miseria social" y que en los últimos seis años no haya sido capaz de "hacer viviendas" para esas 60.000 familias desahuciadas.

La representante del PNV Idoia Sagastizabal ha explicado que su grupo tampoco comparte que se prorrogue una vez más una medida que nació como excepcional durante la pandemia de covid, pero ha dicho que apoyaba el decreto para no perjudicar a la familias afectadas.

La norma queha rechazado el Congreso introducía como novedad, respecto al derogado hace un mes, que la suspensión de los desahucios no se aplicaría a los propietarios de dos o menos viviendas, una concesión pactada por el Gobierno con el PNV que Sagastizabal ha calificado de "matiz de justicia" con los pequeños propietarios.

Tanto Sumar como los socios parlamentarios del Gobierno han arremetido contra la derecha, a la que algunos han acusado de "crueldad" y "maldad", al tiempo que han manifestado su compromiso con la búsqueda de una alternativa.