El fiscal, en las conclusiones del 'caso Mascarillas': "La corrupción carcome la democracia"

"La corrupción carcomiendo nuestro sistema democrático. Con esta reflexión remataba el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su informe de conclusiones definitivas en el juicio por el 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo, donde ha ratificado sus peticiones de pena para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y se ha abierto a rebajar más la posible condena a Víctor de Aldama, una postura que coincide con las acusaciones populares que dirige el PP. Se enfrentan a 24, 19 y 7 años de cárcel respectivamente por las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. También subrayado que que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era" el número 1 de la "organización criminal" (en la que sitúa a Ábalos) como "con notable desahogo" dijo el comisionista y también acusado, Víctor de Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción pide un castigo contundente ante la gravedad de los delitos. Cree acreditado que los tres acusados formaban una organización criminal cuyo fin era lucrarse. Aldama pagaba, según su escrito, diez mil euros al mes en mordidas y regalos como el alquiler del piso de la expareja de Ábalos o las vacaciones del exministro. Luzón calcula que Aldama vendió en total 20 millones de mascarillas a administraciones del Estado y a los gobiernos de Baleares y Canarias gracias a un pacto con Ábalos y Koldo. Y ve tráfico de influencias en la contratación de la expareja y una amiga de Ábalos en empresas públicas.

Luzón ha reiterado su petición de 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión. Se trata -ha dicho el fiscal en el final de su informe- de penas "graves, pues graves son las conductas que se les atribuye o imputan". Porque Luzón cree que los acusados han practicado una "corrupción organizada continuada" que no solo ha hecho "daño" a la libre competencia y al recto y normal funcionamiento que se exige a la administración pública.

"Es mucho más que eso, es la certeza de que con esta corrupción política organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervirtieron poniéndolas a su servicio", ha enfatizado Luzón. Y ha ido más lejos: la corrupción política "está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarla".

Puede frenarse desde el ámbito preventivo, ha dicho, pero ahí no tenía nada que decir. Pero sí en lo penal y, por eso, solicita que se impongan las penas antes citadas, que juzga "proporcionales y disuasorias con arreglo a lo que hemos visto en este juicio", ha concluido.

El fiscal ha defendido la prueba de cargo "demoledora" de que los tres formaban una "estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes" en la que de quien dependían las decisiones era del ministro, al que el empresario y "arrepentido" recompensaba con comisiones. El también exdirigente socialista era, según la Fiscalía, "el denominado jefe por unos y por otros" y, aunque la Guardia Civil consideró que "quien paga manda" y ese es Aldama, Luzón ha precisado que el comisionista no intervino en algunos de los delitos que atribuye a Ábalos y Koldo García -como lo referido al supuesto enchufe de dos mujeres en empresas públicas-. Para esos supuestos delitos, ha dicho, no le necesitaron.

Pero, para la Fiscalía, "no se trata de establecer un número 1, 2 o 3, y ha subrayado Luzón que ese número uno "no lo era el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye a Aldama". El fiscal ha defendido que "no debe extrañarnos la presencia de un ministro en la cúspide o engranaje esencial" dentro de una organización criminal que entiende acreditada y donde el entonces asesor, de quien ha destacado su "grosera elocuencia", "operaba siempre en nombre y por cuenta del señor Ábalos".

Koldo García era "el interlocutor natural para hablar con el ministro" y Aldama "fue la persona que aprovechó esa influencia" para conseguir sus propósitos y quien les "entregaba periódicas cantidades de dinero para asegurarse la oportunidad cuando le llegara". Una organización que "cuenta con su arrepentido", en alusión a Aldama, a quien finalmente rechazó aplicar como "muy cualificada" la atenuante de confesión y sigue pidiendo para él 7 años de cárcel frente a los 24 para Ábalos y los 19 y medio para Koldo García.

Ha ironizado Luzón con que las defensas se pregunten "dónde está el dinero" de esas comisiones como argumento para rechazarlas cuando, según la Fiscalía, del análisis del patrimonio del exasesor ministerial "queda acreditado que Koldo cobra".
Y para el fiscal, "no tiene sentido que el elemento corruptor (Aldama)" pague esas cantidades de dinero al asesor del ministro y no a quien toma la decisiones, además de que existe "una palmaria confusión patrimonial entre Ábalos y Koldo, que sufragaba gastos de el ministro "a cuenta" del mismo con una "doble contabilidad".

En definitiva, Luzón ha echado mano de un "cuplé" para afirmar que los acusados "no han podido dar respuesta" a una pregunta clave: "¿De dónde saca pa tanto como destaca (sic)?". Una pregunta que, ha aseverado, "deberíamos hacer todos los españoles" y deberían haberse hecho también los empleados de las sucursales bancarias donde se ingresaron tan elevadas cantidades.