Solo tres de los veintiún vocales del Consejo han votado en blanco como muestra de su oposición a que el Consejo siga designando cargos a pesar de que su mandato expiró hace más de dos años.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado cuatro nombramientos de cargos judiciales en medio del debate de una reforma legal para prohibir que tome este tipo de decisiones cuando esté en funciones, como es el caso actual.
Solo tres de los veintiún vocales del Consejo (Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda) han votado en blanco a los nombramientos como muestra de su oposición a que el Consejo siga designando cargos a pesar de que su mandato expiró hace más de dos años.
Entre los nombramientos más destacados está el de José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, puesto que estaba vacante desde el nombramiento de su antecesor, Ricardo Bodas, como magistrado del Tribunal Supremo.
El magistrado ha obtenido 17 votos de los 21 del Pleno, por uno de Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Juez de lo Social desde 1990 y a cargo del juzgado 33 de Madrid desde 1992, estuvo en comisión de servicios entre 2014 y 2015 en la Sala que ahora va a presidir.
Es autor de numerosas publicaciones de divulgación científica sobre, entre otros asuntos, el despido de trabajadoras embarazadas, la jubilación, el acoso laboral y el acoso moral, la discriminación de los jóvenes en el trabajo, la articulación procesal de los despidos colectivos e individuales o la discapacidad como factor de discriminación, según informa el CGPJ.
Además, el Pleno ha elegido a María José Renedo Juárez presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; a David Ordóñez Solís presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y a Joaquín González Casso presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos han obtenido 18 votos.
EL PP ADVIERTE DE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA REFORMA
El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez que, aunque se haya puesto el foco en Polonia y Hungría, una reforma "desacertada" del Poder Judicial puede "tener consecuencias" en los fondos europeos que va a recibir España.
"Una reforma desacertada, a destiempo e inconstitucional de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede tener consecuencias en los fondos que España reciba porque la condicionalidad política está tan vigente como la condicionalidad económica", ha advertido González Pons en un encuentro NEF Online que ha organizado Nueva Economía Fórum.