Begoña Gómez declara ante el juez Peinado por un presunto delito de malversación
El juez considera que la contratación de su asesora, que también está citada a comparecer, es irregular.
Ambas han recurrido la la imputación.
La mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está citada a declarar esta mañana a las 12 por el Juez Peinado como investigada por presunta malversación y otros delitos relacionados con la contratación de su asesora en Moncloa y el uso de recursos públicos para fines privados. Una comparecencia prevista para mediados de mes que se ha visto adelantada y que coincide con la orden del instructor del caso, de recabar sus correos electrónicos personales. La defensa, lo ha recurrido.
Begoña Gómez y el juez Peinado se verán las caras este miércoles por cuarta vez desde aquel 24 de abril del año pasado, en el que el juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, admitiera a trámite una denuncia del sindicato vinculado a la ultraderecha "Manos Limpias", contra la esposa del Presidente del Gobierno. Ese mismo día, el magistrado abría diligencias previas por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Comenzaba de este modo un periplo que provocó un terremoto político que aún continúa y que se caracteriza por la incredulidad, primero y defensa a ultranza después, de la inocencia de Gómez por parte del Gobierno. También por la desconfianza y las duras acusaciones del principal partido de la oposición, que considera el caso como la "muerte política" del Presidente del Gobierno.
Desde que estallara la bomba, el caso se ha ido engrosando, a pesar del amago de dimisión de Pedro Sánchez y sus reiteradas quejas, así como las de su gobierno, de ser consecuencia de una persecución política contra su persona. El juez Peinado insiste en investigarla por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Su última actuación ha sido requerir a la UCO que recabe los correos electrónicos personales de Gómez, desde 2018.La defensa la ha recurrido por vulneración de derechos fundamentales y la no justificación de los indicios que deben sustentarla.
