Cae en Sevilla una red de explotación laboral que captaba a rumanos y moldavos para trabajar en el campo

La Policía Nacional ha liberado en Sevilla a 21 víctimas de explotación laboral, de nacionalidades moldava y rumana y que eran captadas en sus países de origen a través de redes sociales, y ha detenido a 15 personas acusadas de trata de seres humanos.

La trama se sustentaba en una organización “profesional”, que funcionaba al estilo de una subcontrata legal, de modo que los empresarios de varias fincas pagaban legalmente a empresas pantalla el salario de los trabajadores, aunque estos nunca llegaban a recibir el dinero, trabajaban en jornadas de 12 horas y dormían hacinados en el suelo.

Una de las víctima se precipitó por una ventana para intentar huir del lugar donde la recluían, mientras que otra quedó embarazada de gemelos y fue obligada a trabajar con tal intensidad que abortó a uno de los fetos y el segundo salió adelante, pero está ingresado en un centro hospitalario desde su nacimiento.

Los implicados, de los que 15 fueron detenidos y tres siguen en prisión, llevaban un alto tren de vida, mientras sus víctimas tenían que buscar en la basura para alimentarse. Los miembros de la red no permitían a las víctimas beber ni comer durante la jornada laboral, pese a las altas temperaturas y al trabajo físico que debían realizar.

La actuación policial se inició al tener conocimiento de la existencia en la localidad sevillana de Brenes de varias víctimas de trata de seres humanos, a las que explotaban para el trabajo agrícola. La investigación se extendió a la vecina población de Cantillana, sacando a la luz a una organización criminal integrada por dos grupos familiares que llevaban un alto tren de vida.

Los integrantes del entramado falsificaban la identificación de las personas que realmente se encontraban trabajando, modificando documentos auténticos de nacionalidad rumana o moldava, cambiándoles la fotografía y, en su lugar, constaba la de los trabajadores, de modo que no correspondía la filiación con la imagen. Además retenían la documentación a sus víctimas.

Para captarlas publicitaban condiciones laborales y salarios ficticios y alejados de la realidad, ya que luego se verían en una situación de extrema necesidad durante su explotación; las trasladaban en autobús hasta Sevilla y les pagaban el viaje, con lo que las víctimas contraían una deuda que forzaba aún más su condición de vulnerabilidad.

Una vez en Sevilla, miembros de la organización las llevaban hasta viviendas ocupadas bajo condiciones infrahumanas y las obligaban a trabajar hasta la extenuación, realizando diferentes tareas agrícolas durante largas jornadas laborales, siendo su principal actividad la recogida de productos hortofrutícolas.

Durante la investigación se realizado siete entradas y registros en las dos localidades, y se han intervenido 15 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores, varios dispositivos de almacenamiento, nueve relojes de alta gama, joyas, más de 37.000 euros en efectivo y diversa documentación relacionada con la investigación.

El trabajo policial se ha coordinado con la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía de Sevilla y ha recibido la colaboración de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía y del Ayuntamiento de Brenes.