El presidente de la Audiencia de Sevilla vaticina que la macrocausa de los ERE se alargará al menos hasta 2030
Este lunes se cumplen 15 años desde que la jueza Mercedes Alaya abrió diligencias derivadas de la investigación del caso Mercasevilla.
De allí se abrieron 132 piezas separadas, de las que 60 están aún por juzgar.
Mañana se cumplen 15 años del comienzo de la instrucción de la macrocausa de los ERE. La jueza Mercedes Alaya inició una investigación que derivó en más de 130 piezas separadas en una trama de concesión de ayudas públicas sin controles durante una década de gobiernos socialistas, entre los años 2000 y 2009. Un desafío para la justicia que podría dilatarse, al menos, hasta 2030.
Era 2011 cuando la jueza Mercedes Alaya, investigando el caso Mercasevilla, abrió nuevas diligencias al detectar "intrusos" en varios expedientes de regulación de empleo, es decir, personas que sin haber trabajado en esas empresas estaban cobrando prejubilaciones procedentes de ayudas públicas que habrían sido concedidas sin control alguno. Esa investigación derivó en 132 piezas separadas. Aún quedan 60 casos por juzgar de los que 39 todavía se están investigando.
El hoy presidente de la Audiencia de Sevilla, Álvaro Martín, fue quien redactó en 2016 el auto de procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por prevaricación y malversación, en la llamada pieza política de los ERE.
El Supremo los condenó y el Constitucional anuló parcialmente la condena y pidió emitir una nueva sentencia a la Audiencia, que ha elevado el asunto a la justicia europea. Una de las principales piezas que quedan por juzgar es la que investiga presuntas sobrecomisiones de 66 millones a dos empresas intermediarias por las pólizas de prejubilación financiadas por la Junta. 35 personas se sentarán en el banquillo, entre ellas el banquero barcelonés y ex directivo de Vitalia, Eduardo Pascual Arxé, fugado y en busca y captura desde 2015.
La trama de los ERE habría adjudicado 680 millones en ayudas a empresas, aunque las defensas cifran el fraude en 140 ya que el resto se habrían destinado a pagar, según sus cálculos, prejubilaciones que sí eran legales.
