El PP pide en el Parlamento que la Junta intente recuperar otros 135 millones de los ERE

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Popular que expresa su reconocimiento al trabajo del Gobierno andaluz en la reclamación y recuperación de parte de los fondos públicos "mal empleados" -señala el texto- en el caso de corrupción de los ERE. Según los populares, el empeño de la Junta se ha concretado en "el  ingreso para el erario público de 27 millones de euros".

La iniciativa aboga por el mantenimiento de las "acciones y reclamaciones judiciales de otros 135 millones", que justifica en la necesidad de "evitar la prescripción por la inacción de la administración autonómica".

Este apartado ha cosechado los únicos votos favorables del PP-A, la abstención de Vox en Andalucía y los votos contrarios de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

La iniciativa impulsada por el PP muestra también su reconocimiento "a todos y a cada uno de los órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia que han permitido investigar, esclarecer y juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado", en las conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales cometidos por los condenados del caso de los ERE. 

Este reconocimiento, que sí ha sido respaldado por PP y Vox, se recoge en una proposición no de ley relativa a la defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, que se ha debatido y votado coincidiendo con el proceso que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional (TC) de revisar las condenas de los exaltos cargos socialistas por el caso ERE.

El caso de los ERE falsos, según el parlamentario Antonio Repullo, que ha defendido la iniciativa en nombre de su grupo, consistió en el reparto fraudulento de ayudas por la administración pública andaluza durante más de diez años de gobiernos del PSOE que "usó el dinero público de todos los andaluces, como si fuera propio, en favor de empresas y personas libremente determinadas y según las preferencias e intereses políticos de quienes concedían esas ayudas".

La respuesta del PSOE se produjo por parte del parlamentario Josele Aguilar, que ha calificado de "gran cinismo e hipocresía" por parte del PP, por un "montaje" que duró 15 años en el que se puso en marcha una "cacería" contra los dirigentes políticos del PSOE que les llevó de manera "injusta" a la condena judicial.

Tras admitir que hubo un fraude pero no un gobierno "concertado" para delinquir, Aguilar ha acusado al PP de haber querido ir desde el inicio "por la caza mayor", intentando crear la ficción de una trama delictiva dentro de la Junta "para intentar derribar a un gobierno" porque no era capaz de vencer en las urnas, algo sobre lo que "al final fueron eficaces" pese a que condenaron a personas "honestas".

Repullo ha dicho que el PP fue consciente desde su inicio de que los andaluces tenían que saber "quiénes y por qué constituyeron una trama organizada desde el Gobierno andaluz" para repartir casi 680 millones de euros de fondos públicos "sin control alguno" y sin que los ciudadanos tuvieran "una respuesta política".

Ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno ha luchado "incesantemente, dando todos los pasos que tiene a su alcance" para recuperar el dinero sustraído, desde la vía administrativa a la jurisdicción penal, pasando por la jurisdicción contable y que no se debe olvidar "el mayor caso de corrupción de nuestra historia".

El texto de la iniciativa aprobada incluye que el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a que continúe con este proceder mediante todas las posibilidades legales a su alcance y que mantenga las acciones y reclamaciones judiciales de otros 135 millones de euros para evitar la prescripción por la inacción de la administración autonómica.

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha pedido al PP y al PSOE que dejen "de manosear" este asunto y ha defendido que el hecho de que el TC rebaje condenas "no invalida" un caso que supuso la creación de un sistema de reparto de ayudas que llegaron de manera fraudulenta a allegados del PSOE.

Inmaculada Nieto, del grupo Por Andalucía, ha dicho que esta iniciativa es una "monumental rabieta" del PP, partido al que "le ha sentado como un cañonazo" la decisión del TC, y ha añadido que esta "sobreactuación" por parte de este partido está minando la confianza de los ciudadanos por los casos de corrupción.

El diputado de Vox Benito Morillo ha señalado que no entiende cuál es el objetivo de la iniciativa porque la independencia del poder judicial "está amenazada por el binomio" del PP y el PSOE, como lo demuestra -a su juicio- el reciente acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).