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El Parlamento andaluz aprueba la ley de Economía Circular

Sale adelante con los votos favorables del PP y PSOE. Introduce criterios ecológicos en la contratación pública, establece nuevos objetivos de reciclaje y medidas para impulsar la reconversión de los residuos en subproductos para posibilitar su reutilización

"Sitúa a Andalucía como referente en España y Europa", sostiene la Junta.

CANAL SUR MEDIA 22 marzo 2023

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles con el apoyo del PP y PSOE la ley de Economía Circular, una norma de la anterior legislatura, que busca la triple sostenibilidad ambiental, económica y social, y supone una "revolución circular" al convertir los residuos en recursos, según el Gobierno andaluz. La norma ha contado con los votos a favor de PP y PSOE, el voto contrario de Vox y la abstención de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. En total, el PP ha aceptado incorporar 61 de 102 enmiendas que había presentado el PSOE-A.

El consejero Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha agradecido ante el Pleno la aprobación de esta ley, que "garantiza un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras". "Es la mejor apuesta por hacer de nuestra economía una economía con garantías y compatible con la conservación del medio ambiente". Ha destacado su marcado carácter municipalista y ha resaltado que es un "paso definitivo por un modelo de producción más sostenibles y por una protección ambiental más ambiciosa".

La norma prevé la creación de la Oficina Andaluza de Economía Circular y la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Economía Circular y de instrumentos de planificación de ámbito local, obligatorios, al menos, para la gestión de residuos municipales. Recoge la incorporación de cláusulas medioambientales y circulares para la contratación pública y en su Título III aborda la implantación de la economía circular en la Comunidad Autónoma, con aspectos el análisis de ciclo de vida de productos, obras y servicios y para ello pone en marcha el Registro público andaluz de análisis de ciclo de vida.

Contempla también la Ley de Economía Circular mecanismos para lograr la circularidad en la producción y el consumo y la lucha contra todos los tipos de obsolescencia, con la pretensión de reducir la cantidad de residuos generados a través de la gestión de los bienes no vendidos y el impulso a la reparación.

Para favorecer las inversiones en economía circular, la norma prevé que los proyectos de actividades de valorización material sean considerados como inversiones empresariales de interés estratégico.

Establece también el principio de jerarquía de los residuos y se transponen objetivos concretos y cuantificables de diferentes directivas europeas sobre residuos, aún no transpuestos a la normativa nacional, siempre en el ámbito de competencias autonómico.

La ley aboga por establecer procedimientos específicos para el caso en que una sustancia u objeto de un proceso productivo concreto, desarrollado en Andalucía, pueda ser considerado subproducto y se especifica el procedimiento para que, en ausencia de órdenes ministeriales, un residuo valorizado en una instalación ubicada en territorio andaluz pueda dejar de ser residuo para su uso en una actividad o proceso industrial.

En el texto se aborda la recogida de basuras marinas; las cadenas de valor de electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, baterías y vehículos, con aspectos como la recogida y gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y los vehículos al final de su vida útil; además de la circularidad en el sector textil, junto con la aceleración de la transición hacia la economía circular en los alimentos, nutrientes y bioproductos, como la planificación sobre el desperdicio alimentario.

También se aborda la aplicación de los principios de economía circular al ciclo integral del agua, como la gestión sostenible del drenaje pluvial y la utilización de aguas regeneradas, con especial atención a las masas de agua clasificadas en mal estado, así como al uso de lodos de depuradora.

En el caso de la construcción y edificios se establecen los principios, criterios y herramientas para fomentar la circularidad en el sector, desde la fase de diseño hasta la gestión de los residuos producidos en la actividad de la obra tanto pública como privada.

La norma prevé también un régimen sancionador, con una escala de infracciones muy graves, graves y leves, que en el primer apartado contempla multas de entre 60.001 y 120.000 euros o hasta el dobledel beneficio obtenido con motivo del hecho sancionado, mientras que en el apartado; de entre 30.001 y 60.000 euros para las graves; mientras que en las infracciones leves la multa de hasta 30.000 euros.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS
Por parte del PP-A, la diputada Araceli Cabello (PP) ha defendido que esta ley es "importantísima" y "es una de las prioridades de nuestro presidente", en referencia a Juanma Moreno, al tiempo que ha destacado que "damos un gran paso como la primera Comunidad con una ley integral de Economía Circular" tras recordar que un texto similar de Castilla y La Mancha sólo tiene 9 artículos, mientras que ha desechado la idea del rodillo de la mayoría absoluta esgrimiendo la aprobación de un 64% de las enmiendas del PSOE.

La diputada del PSOE-A Mercedes Gámez ha agradecido al PP-A que haya aceptado 61 enmiendas de su grupo al texto y que han contribuido a enriquecerlo, y ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de más recursos económicos a los entes locales para que desarrollen las competencias que les son atribuidas.

Ha considerado un "escándalo" que, a través de una enmienda del PP-A a la norma, se pueda emplear el dinero que proviene de impuestos vinculados a la economía circular en "pagar nóminas de la Consejería de Sostenibilidad o actos de comunicación".

El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha manifestado que llama la atención que esta ley, cargada de "incertidumbre", destaque "con júbilo" la aprobación de la estrategia de economía circular del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha apuntando que el PP-A ha decidido alinearse con la "rendición", aceptando la Agenda 2030, y ha dicho que bajo el principio de quien contamina, paga, recogido en la norma, se va a imponer peajes.

Ha criticado además la creación de un nuevo organismo público, como es la oficina de economía circular.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha considerado que con la aprobación de Ley de Economía Circular "se pierde oportunidad importante" tras poner de manifiesto que "cualquier ley que no obliga es papel mojado", además de reprocharle al PP que "nos parece que con este proyecto de ley han vuelto a pasar rodillo de la mayoría absoluta" y considerar que con ello "se les cae la careta de gobierno moderado, de consenso".

Delgado ha explicado que, ante "una de las leyes más importantes", el PP "ha aceptado algunas enmiendas, menos de la mitad, se quedan con las menos importantes, con la que consideran que son menos nocivas".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afirmado que "el contenido de la ley nos parece decepcionante" por cuanto "cuando una ley no obliga a nada y todo lo que propone la ley se podría hacer es que no sirve para casi nada", punto en que ha indicado que la palabra obligatorio sólo aparece seis veces".

García, tras apuntar que uno de los objetivos de la ley "es lavarle la cara al Gobierno", ha señalado que "no vamos a apoyar la ley" tras esgrimir con "esta ley se va a poder seguir permitiendo dar utilidad pública a la ampliación del vertedero de Nerva, a los fosfoyesos de Huelva y al cementario de El Cabril" y lamentar que "nos sigue relegando a ser el patrio trasero del desarrollo de otros países".

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