Las víctimas de Adamuz denuncian desamparo institucional
Aseguran que, dos meses después del accidente, aún no hay recibido compensación alguna, más allá de adelantos "insignificantes", dicen, de las aseguradoras.
La Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz denuncia desamparo institucional. Han pasado más de dos meses desde que el Gobierno aprobara en un Real Decreto las ayudas a las víctimas pero, de momento, no consta que se hayan llevado a cabo.
La defensa de las víctimas asegura que no existe un acompañamiento institucional efectivo. Canal Sur ha tenido acceso a la póliza del viajero contratada por Renfe. Es de una compañía irlandesa, Everest Insurance. Aquí se se establece el rango de indemnizaciones según baremaciones por daño.
El Gobierno aprobó el 26 de enero un Real Decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, en Barcelona. A día de hoy, 62 días después ninguna víctima ha recibido ayudas, más allá de adelantos "insignificantes", como denuncian, de las aseguradoras. Se denuncia descoordinación, lentitud e inacción de la Administración.
Desamparo institucional y posibles irregularidades en la gestión del siniestro. Es la denuncia q
[PIEZA – VOZ EN OFF]
El abogado de la asociación de víctimas asegura que el proceso se encuentra todavía en una fase inicial, pero ya ha marcado tres líneas de actuación claras: vigilar que la investigación sea independiente, recopilar toda la información posible y denunciar cualquier anomalía, tanto por vía administrativa como judicial.
Entre las principales preocupaciones, destaca la necesidad de esclarecer con total transparencia las causas del accidente. Según el letrado, solo entonces podrán determinarse responsabilidades.
Además, pone el foco en posibles actuaciones irregulares tras el siniestro. Denuncia que la retirada de varios metros de vía por parte de Adif, presuntamente sin autorización, podría constituir una “vía de hecho”, es decir, una actuación fuera del marco legal que habría afectado a pruebas clave.
Especialmente relevante sería la posible manipulación de elementos críticos como las soldaduras, lo que —advierte— podría dificultar conocer con certeza qué provocó el accidente.
“Si se alteran pruebas esenciales, se genera una incertidumbre que puede impedir esclarecer las causas reales del siniestro”.
El abogado también cuestiona por qué no se acordonó ni vigiló adecuadamente la zona del accidente, calificando esta situación de “inexplicable”.
En paralelo, las víctimas denuncian una falta de respuesta por parte de las administraciones públicas: hablan de descoordinación, lentitud e incluso inacción.
También critican la falta de contacto directo por parte de responsables públicos y una atención sanitaria “por debajo de lo esperado”.
El letrado compara este caso con el del accidente del Alvia, cuya resolución judicial se prolongó más de una década, y advierte de que una justicia lenta “deja de ser justa”. No obstante, confía en que en este caso los plazos sean más cortos.
Se espera que en los próximos meses se publique el informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y que antes de final de año las víctimas reciban las ayudas aprobadas.
Por ahora, prudencia. La investigación sigue en marcha, pero las víctimas exigen respuestas, responsabilidades y, sobre todo, una atención institucional a la altura de la tragedia.
