Un detenido y 23 empresas expedientadas en una operación contra el fraude a la Seguridad Social

Decenas de trabajadores huyendo ante la presencia de un dron de la Guardia Civil, al darse cuenta de que eran grabados.

Intentaron escapar de los campos de cultivo donde realizaban tareas agrícolas. Trabajaban sin estar dados de alta y muchos sin contar siquiera con permiso de trabajo. Ha ocurrido en La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Hay un detenido y 23 empresas expedientadas por infracciones muy graves. Se trata de una operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Cádiz, llevada a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.

Se ha procedido a la identificación de 165 empresas, detectando 23 infracciones en esas materias. Además, se ha detenido a una persona por tenencia de arma prohibida y se han formulado dos denuncias de caza, dos denuncias por tenencia de droga y tres denuncias por tráfico.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, las actuaciones realizadas han tenido lugar como respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad.

Los agentes han centrado sus actuaciones en los posibles fraudes y en verificar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores en el sector del trabajo agrícola.

Así, de las 165 identificaciones, en un total de 23 empresas se ha procedido a la detección de 23 infracciones muy graves por tener a los trabajadores sin dar de alta en el sistema de seguridad social, perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena (muy especialmente desempleo), así como extranjeros sin permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena, todo ello sin perjuicio de que los empresarios aporten en la sede de la Inspección de trabajo la documentación laboral de las personas que se encuentran a su cargo, que les ha sido requerida.

Por tales motivos, por los servicios de la Inspección de Trabajo se formularán los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados además de sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude.

La Guardia Civil ha recordado que esto provoca una economía sumergida que conlleva un grave riesgo no sólo para los consumidores, sino también para la propia existencia de muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores.

Este operativo es fruto de la firma del Convenio para la coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y de las actuaciones que se realizan en el marco del Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos.