El Gobierno aprueba obras de emergencia para poner en marcha el sistema europeo de fronteras entre La Línea y Gibraltar

El Gobierno ha declarado de emergencia la puesta en marcha del nuevo sistema de entrada y salida en la frontera entre La Línea de la Concepción (Cádiz) y Gibraltar. El alcalde linense, Juan Franco, dice que cualquier avance es bueno, pero que no tiene comunicación oficial de estas actuaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado actuaciones urgentes por más de 2 millones de euros para la puesta en funcionamiento del Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea (SES) en la frontera de La Línea de la Concepción-Gibraltar, conforme a lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El acuerdo tiene por objeto que el Ejecutivo tome conocimiento de la declaración de emergencia aprobada el 19 de febrero de 2026, en el ámbito de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Mediante esta, se ordenó la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema en los plazos exigidos en dicha frontera, en aplicación del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar, con un presupuesto máximo estimado de 2.003.063,69 euros, IVA incluido.

El 31 de diciembre de 2020 España y el Reino Unido acordaron un marco político para la negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar. El 5 de octubre de 2021, el Consejo adoptó la decisión que autorizaba a apertura de negociaciones para dicho acuerdo y designaba como negociadora por parte europea a la Comisión Europea. Las negociaciones concluyeron el 12 de diciembre de 2025.

El acuerdo contempla la eliminación de la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera. En lo que respecta a las personas, Gibraltar quedará conectado al espacio Schengen sin formar parte del mismo.

El control de las fronteras exteriores se llevará a cabo en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar bajo responsabilidad de España. En lo que respecta a las mercancías, el acuerdo establece una unión aduanera entre la UE y Gibraltar. El Sistema de Entrada y Salida de la UE (SES) deberá estar plenamente operativo en todas las fronteras exteriores de los países participantes a más tardar el 10 de abril de 2026.

En consecuencia, a esa fecha no podrán aplicarse controles fronterizos completos entre el territorio de la UE y Gibraltar, debiendo estar completadas aquellas actuaciones que hagan posible el control de la frontera exterior de la UE mediante el nuevo sistema de registro digital de entradas y salidas SES.

Las actuaciones provisionales previstas se estructuran en varias intervenciones diferenciadas. En concreto, incluyen las conexiones con edificios existentes; la construcción de un edificio provisional; actuaciones en el interior del aeropuerto; la demolición de la valla y de las marquesinas; el desvío del tráfico de vehículos de mercancías --a través de una parcela del Ayuntamiento de La Línea--, así como la justificación de la contratación por vía de emergencia.

Teniendo en cuenta la situación descrita en los antecedentes expuestos, el Gobierno estima que se da una situación excepcional y sobrevenida imprevista y que es imprescindible actuar por necesidades de la defensa nacional, como consecuencia de la retirada de la valla y la imposibilidad de control de bienes y personas a través del aeropuerto si no se asegura la operatividad en las fechas indicadas. Adicionalmente, considera que existiría un "grave" peligro para la seguridad si se pone en marcha el señalado esquema Schengen sin la realización de las correspondientes obras y adecuaciones de espacios.

En tanto que se trata de actuaciones sobre bienes que alojan dependencias y oficinas de distintos departamentos y organismos de la Administración General del Estado, considera oportuno que la tramitación del expediente de encargo a un medio propio sea asumida por el Ministerio de Hacienda como Ministerio competente, con carácter general, en la gestión y administración del patrimonio del Estado.