No podemos normalizar que un Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, esté siendo procesado por un presunto delito de revelación de secretos, porque compromete a la imparcialidad del Ministerio Fiscal. La instrucción del caso ha sido avalada por la sala de apelación del Tribunal Supremo y eso garantiza un juicio justo. Cualquier fiscal que estuviese en la situación de García Ortiz hubiera sido cesado. Cuando en un proceso el investigado borra pruebas como el contenido de su móvil, como ha hecho García Ortiz, se considera que hay indicio delictivo.