Primo de Rivera dejará de estar en un lugar "predominante" del Valle de los Caídos

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Memoria Democrática. Una nueva norma que pretende mejorar y ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, y cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo con una reforma que ha tenido un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.

El proyecto que hoy ha avalado el nuevo Gabinete de Sánchez es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el CGPJ, como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.

El "vilipendio" a las víctimas sería un elemento a añadir para garantizar la constitucionalidad de estas medidas, según había advertido en su dictamen el órgano de gobierno de los jueces.

Porque la protección y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura constituye el sustento de todo el entramado jurídico de la norma, que el Ejecutivo lleva ahora al Parlamento con la idea de recoger las aportaciones que puedan hacer los grupos parlamentarios, sobre todo los de izquierda.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el anteproyecto de ley de memoria democrática  pretende "resignificar" el Valle de los Caídos, de modo que los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un "lugar preponderante" de este mausoleo y el Ejecutivo decidirá el destino de la Cruz en el proyecto concreto de resignificación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños además ha explicado que esta ley de memoria democrática retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a "todas aquellas personas que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil".

Según ha explicado el propio Bolaños, que ha sido el encargado de llevar esta ley de memoria democrática al Consejo de Ministros, la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos se efectuará en comunicación con la familia del líder falangista. "Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley", ha defendido.

Asimismo, sobre el futuro de la Cruz del Valle de los Caídos, Bolaños ha señalado que "la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión".

En ese marco, el ministro ha dicho que tendrán que "estudiar bien los detalles" pues, según ha recordado, el Valle de los Caídos "es una basílica, un lugar de culto". Además, ha añadido que quieren que también "responda a una defensa, una reivindicación de los valores democráticos".

Además, este anteproyecto de ley de memoria democrática recoge la extinción las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.

En cualquier caso, Bolaños ha explicado que la extinción de la Fundación Francisco Franco no será inminente, ya que una vez que se modifique la ley se iniciará un procedimiento administrativo que concluirá con una resolución y posteriormente habrá un procedimiento judicial.

Otro de las novedades que se recogen en este anteproyecto de ley es que se establecen dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad española.

El otro supuesto, según ha detallado Bolaños, es el de los hijos mayores que se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley de memoria histórica del año 2007 y que solo afectó a los hijos menores: "Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad".

Por otro lado, el Gobierno creará con esta ley una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática que "investigará, impulsará, practicará diligencias para investigar todas las violaciones de derechos humanos e impulsará la búsqueda de las víctimas".

Desde la derecha, Vox ya ha anunciado que, sin ni siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

Entre tanto, las asociaciones memorialistas opinan que la nueva norma se queda corta y por ello tratarán de influir en las formaciones parlamentarias para cambiar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.

Con un amplio abanico de preceptos, que van desde la anulación de los juicios represivos del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos de la dictadura, los términos del proyecto abordan algunos de los aspectos más cruciales que han definido las políticas de memoria.

Se incluyen además previsiones en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.