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LOS REPORTEROS

La sentencia de los ERE sacude la vida pública andaluza

La resolución judicial asegura que la administración andaluza creó, usó y mantuvo durante una década un sistema para eludir el control de las ayudas a empresas en crisis.

Y ahí radica la ilegalidad, según el tribunal. La sentencia, han anunciado los defensores, será recurrida ante el Supremo.

23 November 2019

Los rumores se confirmaron en apenas media hora. El Tribunal considera que los ex presidentes Chaves y Griñán, tomaron decisiones sabiendo que eran ilegales. Y que además este último, cuando era consejero de Economía, malversó fondos públicos.

Esta sentencia da una respuesta a una causa que, durante los últimos diez años, ha tenido en jaque a la escena política y judicial andaluza. Pero es un punto y seguido. Los condenados ya están preparando los recursos al Tribunal Supremo.

La mañana de la sentencia, Griñán entró pesimista en la Audiencia. Los tres magistrados que han dictado la sentencia afirman que los condenados eran plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron. 

Han calcado prácticamente las tesis de los fiscales anticorrupción. Y sus peticiones. Al ex presidente Griñán lo condena a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación. A Chaves, a 9 años de inhabilitación.

Entre los ex consejeros, penas de 9 años de inhabilitación por prevaricación, para Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Y condenas de inhabilitación y cárcel por malversación, para Antonio Fernández (casi 8 años); Francisco Vallejo y José Antonio Viera (7 años) y para Carmen Martínez Aguayo, 6 años.

Han absuelto al interventor general, figura clave, y al jefe del gabinete jurídico de la Junta.

Los jueces afirman que la Junta creó un sistema para dar ayudas fraudulento. Explican que la Junta necesitaba dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales. Para ello estableció un procedimiento ÁGIL. Una agilidad que, según la sentencia, se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos.

A partir de ahí, esto favoreció, continúa el Tribunal, un descontrol absoluto. Las ayudas se daban sin fiscalizar. Y el dinero se destinó a otros fines distintos al de mantener la paz social.

El Tribunal señala como figura clave al ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Según el auto, él era el que concedía las ayudas, a pesar de que no tenía competencias legales para concederlas.

Dio ayudas a empresas sin comprobar que realmente las necesitaban, o a trabajadores que ni siquiera eran empleados de estas empresas. Y, continúa, "fue quien generó el déficit al contraer obligaciones muy por encima del crédito presupuestario".

En la explicación que los magistrados dan para condenar a Guerrero, se resume prácticamente dónde estuvo el fraude.

Precisamente los avisos, los informes del interventor general son determinantes para el tribunal. Los jueces aseguran qu todos los altos cargos tuvieron que conocerlos y actuar en consecuencia.

Pero el tribunal no les ha dado crédito. Insiste en que la decisión de dar estas ayudas partía del gobierno presidido Chaves. Y considera que Griñán, como consejero de Hacienda, sabía que la falta de control estaba facilitando el fraude.

Todo empezó hace nueve años, cuando la jueza Mercedes Alaya abrió la causa. Defensores y detractores de la ahora magistrada, coínciden en que, sin ella, no habría sido la misma causa.

Centró su investigación en perseguir a los altos cargos, es decir, a los creadores de este sistema para dar ayudas. Y aparcó seguir el rastro del dinero estafado. Por lo que aún queda mucho por investigar. Por un lado, las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios entre la Junta y las empresas.

Y por otro, cada una de las empresas que recibieron estas ayudas, más de 150. La mayoría está en instrucción, sólo una tiene fecha de juicio: septiembre de 2020. A partir de ahí, se empezará a juzgar el dinero defraudado.

En esta sentencia, que sin duda marcará las de los siguientes juicios, los jueces hablan de 680 millones malversados, pero no especifica qué parte se pagó correctamente y cuál fue ilegal.

El tribunal ha decidido sobre la responsabilidad penal de los 21 imputados. Pero todos asumieron ya la política: Griñán dimitió como presidente y los demás se apartaron totalmente de la vida pública. Y sus vidas personales, desde hace nueve años en que la jueza Alaya empezó la instrucción, han estado marcadas por una enorme condena social.

Ahora ya están preparando los recursos para el Tribunal Supremo. Les queda una nueva espera, de al menos año y medio

Esta sentencia cierra, en un primer escalón.. A partir de ahora el Tribunal Supremo espera ya los recursos anunciados. Y son muchos los juristas que piensan que es muy probable que este caso llegue al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos humanos.

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