El Gobierno impulsa la reforma estatutaria para acabar con los fueros

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, espera que, una vez que la iniciativa cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno, se pueda debatir en el Parlamento "a la mayor brevedad posible", ya que si los grupos quieren la Mesa puede incluirla incluso en la próxima sesión.

Si la proposición de ley se aprueba en el Parlamento, deberá remitirse al Gobierno de España, que se pronunciará sobre si existe o no incompatibilidad con la ley orgánica. "Si no se da este paso nunca se hará", ha manifestado Marín, quien ha argumentado que ya lo han hecho otras cinco comunidades. 

El vicepresidente andaluz se ha mostrado convencido de que se puede abordar la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos aunque no tengan el apoyo del PSOE, ya que cree que el resto de grupos lo apoyaría en el Parlamento.

Marín se ha pronunciado así en rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno en la que el Ejecutivo autonómico ha mostrado su criterio favorable a la proposición de ley que registraron PP y Ciudadanos en la Cámara andaluza.

Ha reclamado a los socialistas que "dejen de marear la perdiz" cuando derivan el asunto a una reforma impulsada por el Gobierno central, ya que ha recordado que esa fórmula también obligaría a hacer un referéndum en Andalucía.

Tramitación para una nueva ley de formación profesional
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado los trámites para poner en marcha una nueva ley de formación profesional con la que se pretende "adecuar" la formación a las "necesidades reales" del mercado.

Marín ha lamentado que en los últimos cinco años 120.000 jóvenes no han podido acceder a la formación y ha criticado que Ciudadanos firmó con el PSOE poner en marcha esta ley "y no cumplió".

Ahora, la Junta en sesenta días "la impulsa y la pone en funcionamiento", ha destacado Marín, quien ha asegurado que los criterios de su formación siguen siendo los mismos que entonces.

Esta semana se abrirá una consulta pública en la web de la Junta para recabar la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones a los que pueda afectar la norma.

La futura ley servirá de marco legal para la adaptación de la Formación Profesional al nuevo modelo económico "que demanda Andalucía" y sentará las bases para coordinar el sistema educativo con el empleo, buscando "el consenso de los agentes implicados".

La norma tendrá el objetivo de potenciar la participación de empresas y profesionales, incidiendo en la orientación profesional.