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Canal Sur


Las protestas de los funcionarios se trasladan a la costa

La Asociación de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía  'Al-Andalus' realizará hasta el 19 de agosto en  costas de toda la provincia de Málaga y el 22 de agosto en todas las  costas de la provincia de Cádiz una campaña reivindicativa  contratando una avioneta publicitaria que sobrevolará las costas de  Málaga y Cádiz para criticar la Ley de Reordenación del sector  Público de la Junta.

15/08/2011 Informativos CanalSur

Según ha informado dicha  asociación, esta iniciativa "ha sido pagada por aportaciones y  cuestaciones voluntarias realizadas por empleados públicos de todas  las provincias de Andalucía y gestionada desde Córdoba.

La pancarta que llevará la avioneta, de color naranja, iráserigrafiada con el lema 'No al enchufismo en la Junta de Andalucía,  a la Administración por oposición" y volará "los días de mayor  afluencia de visitantes".

Esta es una más de las acciones de protesta que desde mediados de  2010 el colectivo de empleados públicos de la Junta de Andalucía  viene desarrollando, con el fin de "informar a la ciudadanía de con  la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, la Administración  andaluza, pretende integrar a mas de 26.000 trabajadores que no se  han sometido a los procesos legalmente establecidos para acceder a la  administración como 'empleados públicos', vulnerando así, el derecho  fundamental a acceder a la función pública conforme a los principio  de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria, derecho  reconocido y garantizado por los artículos 14 y 23 de la  Constitución".

Esta asociación ha recordado que "recientemente el Ministerio  Fiscal, en el procedimiento de derechos fundamentales ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo del TSJ con sede en Sevilla y en el  procedimiento de derechos fundamentales seguido ante la Sala de lo  Contencioso-Administrativo del TSJ con sede en Málaga, han estimado  dos de las demandas interpuestas por los empleados públicos a este  respecto.

Por último, la asociación considera que "la ciudadanía tiene que  tener constancia de que la incorporación de estos trabajadores,  limitaría casi de forma definitiva, el derecho constitucional de  acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones a un empleo  público".