La familia del soldado sevillano fallecido en Cerro Muriano amplía la denuncia a toda la cadena de mando

El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, que falleció ahogado el pasado 21 de diciembre en unas maniobras en un pantano en la base de Cerro Muriano (Córdoba), ampliará su denuncia contra el capitán y la extenderá a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario.
En conferencia de prensa, el abogado Luis Romero ha dicho que la denuncia va a ser ampliada para que se investigue al coronel, teniente coronel y general de brigada, mientras que se considera que el Ministerio de Defensa es responsable civil subsidiario de los hechos.

El abogado ha señalado que el ejercicio no contó con un plan de seguridad en previsión de problemas, sin que hubiese personal sanitario en el entorno del lago artificial donde murió el soldado y otro compañero, además de llevar en la mochila un peso total de 12 kilos más o menos, ya que incluía una mina inerte como castigo por no haber hecho correctamente ejercicios en días anteriores.
El letrado ha rechazado que del caso se encargue un tribunal militar, y reclamará que sea el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba el que entienda todo el proceso, tras conocer en la misma rueda de prensa que el juzgado cordobés se ha inhibido, decisión contra la que va a presentar este martes un recurso.

JUSTICIA MILITAR

El Tribunal Superior de Justica de Andalucía (TSJA) ha confirmado este martes que el Tribunal Togado Militar con sede en Sevilla será el que se haga cargo de la investigación por la muerte por ahogamiento de un soldado y un cabo en unas maniobras en Cerro Muriano el pasado mes de diciembre.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que también había iniciado las primeras diligencias de investigación, ha dictado un auto en el que acuerda su inhibición en favor de la jurisdicción militar al considerar que ésta jurisdicción es la competente para ello.

El juez Rodríguez Lainz ha decidido la inhibición, solicitada por el juzgado militar el pasado 8 de enero, tras analizar las alegaciones presentadas por las partes personadas en el caso, tanto la Fiscalía como los familiares de los fallecidos, y al entender que el tribunal militar es el competente para su instrucción.

Con su decisión, el juez cordobés apoya la solicitud de la Fiscalía Provincial de Córdoba, a favor de la inhibición sobre el Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla, aunque no tiene en cuenta la petición de los las familias de los fallecidos, proclives a una investigación de la justicia ordinaria.