La Fiscalía asegura que "es un juicio en defensa de la democracia"

Los fiscales Javier Zaragoza y Javier Cadena representan al Ministerio Público en esta primera fase del juicio, en la que también intervendrán las otras dos acusaciones personadas, la Abogacía del Estado y Vox.

El fiscal Javier Zaragoza ha reprochado a las defensas de los independentistas procesados que hayan planteado en sus escritos "auténticos libelos acusatorios" con el fin de "desprestigiar la Justicia española" y "sentar al Estado en el banquillo".

Para Zaragoza, el fin de las defensas es "desprestigiar la Justicia española", así como "transformar en víctimas a quienes han quebrantado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado", cuando fue éste quien trató de "restaurar el orden jurídico frente a las agresiones" de los líderes independentistas.

Asimismo, el fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena ha defendido que la causa contra el "procés" no persigue la ideología independentista, sino un "plan concertado" en el que estaba previsto desde el principio el uso de la violencia en "murallas humanas" y poniendo a los Mossos "al lado de la rebelión".

Cadena ha rebatido así los argumentos expuestos por las defensas de que la causa supone una persecución del derecho a la libertad ideológica del independentismo.

Frente a las tesis de la defensa, el fiscal ha sostenido este miércoles que lo que se juzga en el Supremo no es una ideología determinada, sino un "plan concertado, organizado, minucioso", en el que desde el Parlament se creó una "legislación paralela" para dar a la ciudadanía "la idea de que esos derechos fundamentales son ilícitos".

En el marco de ese plan, ha añadido Cadena, la utilización de la violencia estaba prevista desde el comienzo, como apunta el documento Enfocats -incautado en la causa y que establecía la hoja de ruta unilateral a la independencia-, de forma que las personas eran "requeridas" para lograr "el último momento de desconexión con el Estado".

Según Cadena, "se trata de una comunidad que desde la más absoluta unilateralidad" decidió separarse de España, en un "cóctel explosivo" al que se sumaban el "poder del uso coercitivo del derecho, el poder de unos Mossos d'Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión" y, finalmente, de "murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad del Estado".

De esa forma, ha añadido Fidel Cadena, "se incurre en violencia y en intimidación", de forma que cuando se activó el artículo 155 de la Constitución "no existía otra posibilidad de llevar a cabo una vuelta a la legalidad", lo que obligó a intervenir al derecho penal.

El presidente del tribunal ha anunciado que permitirá que los acusados vistan los lazos amarillos. "La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que habla usted", ha contestado al abogado de Vox.

La Fiscalía acusa a la mayor parte de los acusados de un delito de rebelión y solicita condenas de hasta 25 años de prisión para ellos, en concreto para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a quien atribuye la mayor responsabilidad de lo ocurrido.

Una vez que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox se pronuncien sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, el tribunal decidirá cómo las resuelve: si sobre la marcha, si espera a la sentencia o si detiene el juicio para analizarlas.

Lo previsible es que la vista continúe y llegue el turno de las declaraciones de los acusados, el primero de ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.