Fuentes del caso han informado de que la SGAE, en un escrito del pasado 22 de octubre, comunicó al juez que se apartaba del "incidente excepcional de nulidad de actuaciones" que había instado para ser tenida como parte en la causa, en la que el juez ordenó devolver dicho canon una vez demostrado que los CD no fueron utilizados para copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla condenó a un comerciante a devolver al abogado Joaquín Moeckel 1,12 euros, importe del "canon digital" de cuatro CD que, según demostró en el juicio, utilizó para reproducir otras tantas actividades judiciales.
Tras la petición de la SGAE de que se archive su petición de incidente de nulidad, la sentencia es firme pues el comerciante no ha recurrido, han precisado a Efe las citadas fuentes.
Aunque la SGAE no estuvo personada en este procedimiento, una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 7 de octubre le reconoció su derecho a ser parte en todas las causas en las que se decidiese sobre los derechos de autor.
En el caso de la sentencia sevillana, la demanda se presentó contra el comerciante de la calle Zaragoza que vendió los CD, aunque con posterioridad esos ingresos por el "canon digital" revierten en la SGAE.
El abogado reclamante pidió que le devolvieran 1,12 euros, pues cada uno de los cuatro CD le costó 0,45 euros y el canon digital fue de 0,28 euros por cada uno.
Moeckel explicó que, aunque esta sentencia se refiere solo a su reclamación concreta, podría aplicarse a todos los profesionales de la Justicia como abogados o procuradores y a otras ramas como la Sanidad pública, que utilizan los CD para copiar documentos de su trabajo que tienen carácter público.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil recordó que la Audiencia Provincial de Barcelona acordó en septiembre de 2008 elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por tener dudas sobre "la aplicación indiscriminada del referido canon a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada".
Citó también un veredicto de la Audiencia de Málaga según el cual aunque la ley "presume" la compra de los soportes citados para reproducir obras protegidas, el ciudadano tiene derecho a presentar pruebas en sentido contrario y demostrar que lo ha utilizado "para otro fin distinto a la causa de tributación".
