Tres consejeros de Ceuta declaran a la jueza que el Gobierno desoyó sus peticiones de ayuda

Tres consejeros del gobierno autonómico de Ceuta han declarado como testigos ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, y los tres han defendido ante la magistrada que las autoridades de ese país actuaron con pasividad ante los sucesos y también en la gestión de los 90 cadáveres que encontraron. También han asegudado en sus declaraciones que que pidieron al Gobierno central, 15 días antes del asalto, más medios para proteger la frontera y no se les ecuchó.

Así lo han contado fuentes jurídicas tras las testificales este martes en la Audiencia Nacional de Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda.

Los tres han coincidido en sus declaraciones en que hubo falta de atención de las autoridades españoles antes y durante esos días 30 y 31 de julio. Antes, según Alberto Ramón Gaitán porque ya desde el 16 de julio alertaron a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, de la intensa actividad detectada en la frontera con la entrada de 681 personas frente a las 12, 54, 24, 71 y 113, respectivamente, de los años precedentes, entre 2020 y 2025. Un dato de suficiente relevancia, según el responsable de Presidencia ceutí, como para haber tomado medidas, que la secretaria de Estado, en cambio, descartó aduciendo que se trataba de un verano más.

Alejandro Ramírez ha insistido en que la entrada de los inmigrantes fue ordenada y organizada y asegura que él mismo fue testigo en la frontera de la absoluta pasividad de seis gendarmes marroquíes. Como Ramírez, también Nabila Benzina ha subrayado la nula colaboración de Marruecos durante esa llegada masiva de inmigrantes que, asegura, la dejó en shock en las tres ocasiones en que estuvo en la frontera la noche del 30 de julio. Una ausencia total de atención por parte de Marruecos al extremo de denegar la entrada a su país de 93 cadáveres rescatados del mar aun cuando ya estaban identificados.

La consejera de Sanidad ha declarado que acudió varias veces a la frontera el día 30 de julio ante la crisis y que, en la última ocasión, a altas horas de la noche, se encontró con el entonces delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que incidió en que las autoridades marroquíes estaban colaborando.

Preguntada por la jueza si consideró que Pérez Triano estaba siendo irónico, ella ha subrayado que no lo sabe, pero ha reconocido que se sintió ofendida por la expresión. Además, ha dicho que tuvieron que buscar acomodo a 90 cadáveres, habida cuenta de que la ciudad solo disponía de espacio para siete, han indicado las fuentes. Benzina también ha declarado que Marruecos ha rechazado los cuerpos, incluso los identificados.

Y es que los consejeros también han enfatizado la, a su juicio, pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes el día de la entrada, indicando que algunos agentes estaban mirando el teléfono o rezando. No obstante, los testigos han indicado que las personas entraron de manera organizada.

Por otro lado, Gaitán ha indicado que han documentado en 3.560 los menores acogidos pero no descarta que la cifra pueda superar los 4.000.

Además, las fuentes han explicado que Tardón ha citado para este miércoles a tres de las personas que entraron en Ceuta durante esos días. También declararán ese día agentes de la Policía Nacional que estaban de servicio durante la entrada.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el primer testigo en declarar en esta causa, aseguró el pasado 30 de septiembre que contactó con el Gobierno en los días previos a la entrada masiva para advertir de la gravedad de la situación, pero que Moncloa minimizó la crisis migratoria.

Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta".

Y niega, además, que "la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español", subrayando que la entrada masiva "persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".

Como uno de sus últimos movimientos, la jueza ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.

Este lunes la magistrada Tardón tomó declaración como testigos a dos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han declarado como testigos que la noche antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta vieron barcos marroquíes y que al día siguiente observaron cómo agentes del país vecino guiaban a los migrantes hacia la ciudad autónoma.

Junto con ellos, la instructora ya ha escuchado hasta el momento como testigos en el marco de esta causa al presidente ceutí, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega.

El Gobierno tiene 20 días para informar sobre devoluciones, expulsiones y asilos

Por otra parte, el Gobierno tiene veinte días de plazo para remitir al Tribunal Supremo un calendario cerrado de expulsiones, devoluciones y solicitudes de asilo que resuelva la situación de las miles de personas que permanecen en Ceuta desde finales de julio pasado. Es la consecuencia de la denuncia interpuesta por el gobierno de la ciudad autónoma por la inacción de la que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de esta crisis. Este plazo es improrrogable y expira el 23 de noviembre

Además, el Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por el Gobierno de Ceuta para que el Ejecutivo apruebe un plan operativo para los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes que permanecen en la ciudad desde su entrada el pasado 30 julio.

El tribunal entiende que no cabe acordar ninguna medida sin oír a la parte contraría, en este caso el Gobierno, al no acreditarse las circunstancias de especial urgencia que alega Ceuta en el recurso que presentó ante el Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado en los procesos de expulsión y devolución de migrantes.

Según el Tribunal Supremo, que la inactividad que se imputa a la Administración central se vendría manteniendo durante más de dos meses y medio, sin que se haya instado la tutela cautelar en todo este tiempo, por lo deniega las medidas cautelarísimas que pedía Ceuta en su recurso.