Declaran ante la jueza Tardón los altos mandos policiales al frente de la crisis migratoria de Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, ha citado este lunes a declarar como testigos a altos mandos de las fuerzas de seguridad. En concreto, han acudido a la sede judicial en Madrid el inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, y el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, Miguel Lobo.

Según lo que ha trascendido de esas declaraciones, el alto mando de la Guardia Civil ha revelado a la jueza que la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes y que los agentes marroquíes estaban de brazos caídos, mientras que el inspector policial ha ido más allá al afirmar que facilitaban el paso hacia la ciudad autónoma.

También el próximo miércoles, la magistrada tomará declaración como testigos a tres agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes en la zona en que tuvo lugar la entrada masiva de personas en diferentes tramos horarios del pasado 30 de julio.

No son las únicas declaraciones previstas en el marco de la investigación de estos hechos en la Audiencia Nacional, porque el martes la jueza Tardón escuchará también a tres consejeros del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Se trata del consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda y portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán. Ramírez y Benzina estuvieron en el mismo paso fronterizo durante la jornada del 30 de julio, mientras que Gaitán es el que tiene las competencias sobre el área de menores.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, fue uno de los primeros altos cargos en declarar como testigo en la Audiencia Nacional. Lo hizo el pasado 30 de septiembre. La ciudad autónoma se ha personado en este procedimiento abierto y sostiene que la intención es poder conocer lo sucedido en la entrada de más de 80.000 personas.

La jueza Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta".

Y niega, además, que "la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español", subrayando que la entrada masiva "persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".

Como uno de sus últimos movimientos, ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.

La instructora también ha escuchado ya como testigos en el marco de esta causa al presidente ceutí, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega.

Sobre lo ocurrido en aguas de Ceuta esos días 30 y 31 de julio sigue lagunas que apuntan directamente a la actuación del Gobierno de Marruecos. De un lado, sus buques de guerra que se adentraron sin aviso en la costa ceutí lo hicieron violando medidas de seguridad marítima al apagar su sistema de identificación automática, que reconoce a cada barco cuando navega e informa sobre su posición, rumbo y velocidad. Un comportamiento con el que los buques pretendieron dificultar su localización. Y no sólo con ello. Según el diario El País, los militares marroquíes tampoco respondieron a los avisos de emergencia de la Armada Española a través del canal 16, un canal interno de radio al que los barcos civiles o de guerra deben estar siempre a la escucha.

Tampoco respondió el Gobierno de Marruecos a la llamada de España el mismo día 30 de julio para que ayudara a frenar la avalancha de migrantes a nado desde sus costas antes de que alcanzaran las de Ceuta aduciendo problemas técnicos, según el medio digital Artículo 14. Y ello, a pesar de que, como desvelaron los informes del Centro Nacional de Inteligencia ya desclasificados, el día 29 de julio hubo un primer aviso de España a Marruecos sobre la posibilidad de un intento masivo de entrada de inmigrantes a Ceuta aprovechando la Fiesta del Trono del país vecino.

Nueva operación policial

La Policía Nacional lleva a cabo este lunes una operación en Ceuta para devolver a Marruecos a migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que no tienen derecho a asilo y están acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Según han informado a EFE fuentes policiales, el operativo se ha desplegado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que hace varios meses que tiene sus 512 plazas oficiales cubiertas e incluso ampliadas por la masiva presencia de personas.

Los agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y la UIP (Unidad de Intervención Policial) han desplegado un operativo especial tanto en el CETI como en el entorno de estas instalaciones para impedir la huida a los montes de muchos migrantes que optan por eludir la acción policial al no querer ser filiados.

El objetivo de esta operación es poder devolver a su país a aquellos migrantes que entraron a finales de julio y que han visto denegada su solicitud de protección internacional al no tener derecho a asilo.

Es la primera de estas características que se realiza en la ciudad ya que las anteriores habían estado dirigidas a migrantes que estaban en las calles y en las playas para ser trasladados a centros de acogida temporales.