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La jueza María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, ha pisado esta semana el acelerador de su investigación para reconstruir de principio a fin qué ocurrió antes, durante y después de la entrada masiva en Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio. La magistrada ha reclamado información a los cuerpos policiales, a Interior, Defensa y los servicios de inteligencia sobre los riesgos y avisos trasladaron sobre una entrada masiva. Pero también mira a Marruecos. La instructora quiere analizar las imágenes de la frontera, los movimientos económicos que pudieron financiar la movilización e identificar a los agentes marroquíes uniformados que aparecían en el informe de la policía española de fronteras.
La jueza quiere adentrarse en las redes sociales. Por ello ha pedido a las principales plataformas tecnológicas la información que permita identificar los perfiles desde los que se propagaron las convocatorias. A todo esto se suman los 40 documentos que el Gobierno desclasificó, y que la jueza ha pedido incorporar a la causa. También investigará la conversación de once minutos que en la noche del 29 de julio mantuvieron un agente del CNI y el ya dimitido Gonzalo Sanz, jefe jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Gonzalo Sanz será uno de los primeros testigos que se sentará ante la instructora. Su declaración está fechada para el 1 de octubre. Para un día antes, el 30 de septiembre ha citado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Tardón, que investiga la muerte de 83 personas, maneja la cifra de entre 75.000 y 85.000 personas movilizadas, en medio del baile de cifras del Gobierno sobre los migrantes que permanecen en Ceuta. El pasado 4 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ejemplo, aseguró que de los 72.000 migrantes que habían entrado, ya habían retornado 70.000. Eso dejaba una cifra de 2.000 migrantes permaneciendo todavía en la ciudad autónoma. Pero esta misma semana el presidente Sánchez hablaba ya de que se activarían 10.000 plazas en distintos campamentos. La última estimación del Gobierno de Ceuta asegura que permanecen en la ciudad 13.000 personas.
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