El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga. Cree que, aunque Gómez se encuentre acompañada o custodiada por las fuerzas de seguridad, "no cabe duda" de que "esos agentes en un momento determinado pueden colaborar en esa fuga".

La mujer de Pedro Sánchez va a recurrir la medidas cautelares impuestas, entre ellas, la imposibilidad de salir del territorio nacional y comparecer quincenalmente en el juzgado. La decisión de abrir juicio no es recurrible. El hecho de que el futuro judicial de la mujer Gómez dependa de un jurado deberá ser aún revisado por la Audiencia Provincial de Madrid.

Gómez se enfrentará a un jurado popular acusada tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El auto también impone medidas a su asesora Cristina Álvarez, y encausa al empresario Juan Carlos Barrabés.El instructor también adopta las mismas cautelares contra ellos, y da un plazo de 10 días a la Fiscalía para que presente su escrito de conclusiones.

En el auto, de 84 páginas, el juez sostiene que Gómez, «prevaliéndose de» su «relación personal con el presidente del Gobierno, y de éste con el resto de la administración» pudo acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones «institucionalmente excepcionales». Según el instructor, «la sola condición de esposa de» sirvió a Gómez «para influir, y todo ello con el añadido de haber realizado reuniones en la Moncloa».

Toma esta decisión después de la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, una cita en la que las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír mantuvieron sus peticiones sobre las medidas cautelares mencionadas. El juez instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Respecto a las medidas cautelares, decide "la retirada de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo". 

También impone "la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación". Y determina "la presentación 'apud acta', en la sede de este órgano judicial, dos días al mes, pudiendo cumplir con dicha obligación, un día de las dos primeras semanas de cada mes, y el otro día, de las dos últimas semanas de cada mes". 

CREE QUE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PODRÍAN COLABORAR EN UNA FUGA

"Los hechos indiciariamente atribuidos a Begoña Gómez pudieron suponer que, desde la llegada de su esposo primero a la secretaría general del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional", argumenta el instructor, como en anteriores resoluciones del caso. 

En esta causa ha investigado un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en el Palacio de la Moncloa. 

Peinado sostiene que, aunque Gómez se encuentre acompañada o custodiada por las fuerzas de seguridad dada su condición de esposa de Sánchez, "no cabe duda" de que "esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". 

"Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", apostilla. 

En la misma línea apunta a su asesora, señalando que "ha venido actuando en calidad de asistente" y "con estrecha vinculación personal y acompañando a la misma, así como coordinando todas sus actividades", por lo que entiende que "debe colegirse que dispone de una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".