La Abogacía del Estado concluye que la Kitchen buscaba robar a Bárcenas papeles que perjudicaban a Rajoy

El juicio del 'caso Kitchen', que sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional a la cúpula de Interior de la etapa de Mariano Rajoy, está en su recta final. En la presentación de las conclusiones de las partes, las acusaciones coinciden con el fiscal en que hubo una trama al margen de la ley que no buscaba el dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas, sino robarle la documentación que podía perjudicar al partido y al Gobierno en el 'caso Gurtel'.

La Abogacía del Estado considera que el exministro Jorge Fernandez Díaz planificó y coordinó una operación parapolicial que desarrollaron altos mandos de Interior y de la Policía Nacional, sin cobertura judicial y financiada con fondos reservados. La acusación particular que ejerce la familia Bárcenas comparte que el objetivo de esa trama era salvar al Gobierno del PP.

"Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno", ha sostenido la letrada del extesorero, Marta Giménez-Cassina, al exponer este jueves su informe final en el juicio del 'caso Kitchen', en el que la Audiencia Nacional enjuicia a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz.

Esta acusación, que ejercen el extesorero, su mujer, Rosalía Iglesia, y su hijo, Guillermo, ha recalcado que las pruebas han acreditado que la operación ejecutada por altos mandos policiales "se ha hecho al margen de la ley" y de la investigación judicial y policial de Gürtel y con el fin espurio de sustraer información útil para ese caso que el extesorero pudiera usar en su defensa o para dañar al PP.

"Se han utilizado las instituciones del Estado por quienes ostentaban un gran poder y para cometer delitos de los que han sido víctimas la familia Bárcenas y el Estado", ha recalcado la letrada, que atribuye al exministro la "dirección política" y la autorización de todo este operativo, sufragado con fondos reservados.

A través de una "abrumadora prueba", esta parte considera acreditado el empleo del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cómo confidente, el volcado de tres de sus dispositivos, los seguimientos a la mujer y el hijo del extesorero o el "allanamiento" del taller de restauración de Rosalía Iglesias. Especial énfasis ha hecho esta acusación en el control y el trato "vejatorio y delictivo" que según esta parte sufrió el extesorero en la prisión de Soto del Real, un centro empleado como un "instrumento de coacción" hacia Bárcenas y que "depende directamente del Ministerio del Interior".

La familia Bárcenas pide 17 años y medio de cárcel para el exministro del Interior, su ex número dos, Francisco Martínez el excomisario José Manuel Villarejo y el resto de la cúpula policial y 11 años y medio de prisión para el exchófer Sergio Ríos.

La Abogacía del Estado también ve acreditada la operación ilegal

La Abogacía del Estado atribuye al exministro del Interior haber participado en la planificación, coordinación y seguimiento de una operación ejecutada con medios públicos, bajo una estructura opaca y paralela y "al margen de cualquier autoridad judicial" que bajo "directrices político operativas" buscaba localizar documentación de Bárcenas.

"El foco de esta operación no era perseguir delitos, sino controlar la información que pudiera tener Luis Bárcenas para una finalidad que era simplemente blindarse frente a terceros", ha recalcado la abogada del Estado, que se ha detenido además en las presión a la que se sometió al inspector que investigaba Gürtel, Manuel Morocho, que también considera acreditada.

El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional está en la fase de presentación de los informes finales de las partes. El primero en hacerlo fue el fiscal, que consideró acreditada una operación parapolicial delictiva con la finalidad "bastarda" de sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentación que pudiera ser comprometedora para el PP o sus dirigentes.

Este jueves el tribunal ha escuchado primero el informe de la Abogacía del Estado, que como el Ministerio Fiscal acusa al exministro Jorge Fernández Díaz y que suma un octavo acusado: el comisario José Luis Olivera. Esta parte representa los intereses del Estado, al que la Fiscalía exige responsabilidad civil por el perjuicio presuntamente causado al emplear fondos reservados para pagar al confidente de la trama, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos.

Tras la Abogacía ha sido el turno de la acusación particular que ejercen el extesorero Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias y su hijo, Guillermo, que tras sacar del procedimiento el secuestro cometido por un falso cura ha rebajado las penas de cárcel que reclaman. Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos serán las últimas en exponer sus informes.

Los socialistas han rebajado mínimamente, en alrededor de un año, las penas que pedían en sus conclusiones provisionales, de 47 años de cárcel para el exministro o 38 para Villarejo o 36 para el chófer.

Podemos por su parte también ha disminuido las condenas que reclamaba inicialmente y ahora pide de 27 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, su ex número dos o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y 24 años de cárcel para el resto de acusados.

Antes de culminar, el juicio requerirá todavía de varias jornadas para que defiendan sus informes finales las defensas de los ocho acusados, quienes tienen además derecho a la última palabra.