Recta final del juicio de la 'Kitchen' con la declaración de tres policías acusados en la operación de espionaje a Bárcenas

El juicio de la 'Operación Kitchen' en la Audiencia Nacional afronta esta semana el final de las declaraciones de los acusados con los interrogatorios de los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y José Luis Olivera, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de la causa al no apreciar suficientes indicios de delito.

Uno de estos acusados, José Luis Olivera, ha declarado este lunes ante el tribunal que el excomisario José Manuel Villarejo le habló en 2017 de una operación sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, que incluía un confidente y de "efectos" que no se habían comunicado al juez ni a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Olivera, que fue jefe de la UDEF entre 2006 y 2012, ha sostenido que supo acerca de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas que actuaba como confidente, por el excomisario Villarejo, que le habló de ello en una comida en 2017, cuya grabación figura en la causa.

En esta jornada, los tres últimos acusados en declarar en el juicio -los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano y el comisario José Luis Olivera- han coincidido en negar su participación en una operación parapolicial contra el extesorero del PP entre 2013 y 2015. La acusación de la familia Bárcenas pide para ellos 41 años de cárcel.

A preguntas del fiscal César de Rivas, Olivera ha admitido una comida mantenida en febrero de 2017 con Villarejo y con el empresario Adrián de la Joya, en la que el excomisario dijo que le habían encargado una operación "para localizar en el entorno del señor Bárcenas" dinero, documentos y "cuestiones probatorias". Villarejo también trasladó que él había denunciado "a una unidad policial o a alguien que no querían entregar unos efectos a la autoridad judicial o a la UDEF o algo así".

"¿Recuerda que el señor Villarejo hablaba de lo que le quitamos a Bárcenas?", ha insistido el fiscal, ante lo que el acusado ha respondido: "Yo creo que algo de eso sí que dijo el señor Villarejo".

Aunque ha mostrado escepticismo acerca de que lo dicho entonces por Villarejo fuese verdad: "Que el señor Villarejo se apropiara de algo del señor Bárcenas, ni me lo creía entonces ni me lo creo ahora", ha recalcado este comisario, que tras la UDEF pasó a dirigir el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

Sin embargo, después ha matizado, a preguntas de su defensa, que ha manifestado lo que ha leído en prensa, y que de lo dicho por Villarejo no dedujo que se estuviera buscando algo diferente a dinero o documentos. "Podía entender que se buscara lo que faltaba, desde el principio faltaban 27 millones del señor Bárcenas".

Olivera ha negado además presiones al inspector de la UDEF Manuel Morocho cuando éste investigaba Gürtel, aunque sí le animó a pedir un puesto en Lisboa, o que el exministro del Interior le llamase para interesarse por un traslado de este agente, cuyo testimonio ha puesto en duda a lo largo de su declaración.

Los otros dos inspectores jefes han negado de forma taxativa que tuvieran conocimiento de la operación sobre Bárcenas, sobre la existencia del confidente apodado "coci" o "cocinero" o sobre las vigilancias y seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Ambos han negado que tuvieran conocimiento del principal elemento que les vincula a esta causa: un correo electrónico en el que ambos figuraban como destinatarios enviado en agosto de 2015, donde aparecían cruces entre la investigación de Kitchen, introducida entonces en el sistema interno de la Policía, y Gürtel.

Con estas declaraciones el juicio sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el partido.

Aunque Anticorrupción solicita el archivo para los inspectores, la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, reclama 41 años de cárcel para los tres, mientras que el PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, abogan por penas que van desde los 32 años y cuatro meses hasta los 39 años de prisión.

Antes de Olivera, Díaz Sevillano y Fuentes Gago ya prestaron declaración el resto de acusados: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el comisario Andrés Gómez Gordo y Sergio Ríos, exchófer del extesorero.

Al término de las declaraciones de los tres inspectores, el tribunal encargado del juicio, que está presidido por la magistrada Teresa Palacios, tendrá que decidir si reproduce en la sala las declaraciones de los acusados en el proceso de instrucción.

Una vez resuelta esta cuestión, el juicio entrará en la fase final, en la que quedarán pendientes los informes de la Fiscalía, las defensas y las acusaciones antes de que la magistrada dictamine que el proceso queda visto para sentencia, un hecho que podría darse en julio o incluso en septiembre.

Finalizado este trámite, el tribunal dará por concluida la vista oral, que comenzó el pasado 6 de abril y en la que ha escuchado a más de 100 testigos, entre los que destacaron el propio Luis Bárcenas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, entre otros.

Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz, su ex 'número dos' Francisco Martínez, el exDAO Pino y el comisario Gómez Gordo, mientras que eleva la petición hasta los 19 años de prisión para el comisario jubilado Villarejo. Reclama, asimismo, 12 años y cinco meses de cárcel para el chófer de Bárcenas y dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos.

No se ha sentado en el banquillo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, pieza clave en el juicio por haber liderado la unidad que llevó a cabo los seguimientos a la mujer de Bárcenas. El exmando policial fue exonerado por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.