El fiscal de la Kitchen ve acreditada la participación del exministro Fernández Díaz en la "operación parapolicial delictiva" contra Bárcenas

El juicio del caso Kitchen, que empezó el pasado 6 de abril, entra en su recta final con las conclusiones de las partes. Este martes ha sido el turno del Fiscal Anticorrupción, que mantiene su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y para el que fuera su número dos, Francisco Martínez.

El fiscal César de Rivas considera acreditado que el exministro participó en el "operativo parapolicial delictivo" contra Luis Bárcenas conocido como Kitchen y tuvo "control y manejo" del chófer del extesorero del PP, que actuó como confidente. Pide una condena de 15 años de cárcel para Fernández Díaz, responsable de la cartera de Interior durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. En la presentación de sus conclusiones ante el tribuntal de la Audiencia Nacional que juzga este caso, ha defendido que la finalidad de la trama Kitchen fue "bastarda" y "delictiva": no perseguía el dinero del extesorero, sino "obtener documentación comprometedora" para el PP y sus máximos dirigentes y "boicotear" la investigación judicial del caso Gürtel.

"Se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de la captación de Sergio Ríos -chófer de Bárcenas- tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior", ha recalcado el fiscal, aludiendo a mensajes incriminatorios registrados ante notario por el exnúmero dos de Interior.

A través de las agendas del excomisario José Manuel Villarejo, para quien pide 19 años de cárcel, el fiscal ve acreditado el interés que los acusados tenían desde principios de 2013 en documentación comprometedora en poder de Bárcenas "incluyendo las grabaciones que al menos sugería" el extesorero que tenía con dirigentes del partido del PP, en concreto con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy y con el dirigente del PP Javier Arenas. El fiscal ha destacado los mensajes atribuidos al exministro que Francisco Martínez protocolizó ante notario y que resultaban "incriminatorios" para el exministro, por los que durante la vista oral no le preguntó su letrado.

En un mensaje en julio de 2013, Fernández Díaz escribió "chófer B Sergio Ríos Esgueva ahora hace esa función con su mujer", en agosto apuntó a un contacto que iba conseguir y recalcaba "hay que conseguir esa info" y en un tercer mensaje, en octubre, en el que aludía al volcado de dispositivos y a un informador que decía que "ese material lo había dado B a los abogados" para preparar su defensa.

Además, el fiscal ha apuntado de nuevo a anotaciones de Villarejo, que en su agenda "no se engañaba a sí mismo" en relación al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y su interés en "alguna de novedad del cocinero para decírselo al número 1", que considera una referencia al exministro Fernández Díaz.

También son múltiples las anotaciones y grabaciones relacionadas con el secretario de Estado, a quien Villarejo apodaba "Chisco". Por eso, según el fiscal, el exministro y su número dos, que ocupaban "la máxima posición de jerarquía en el Ministerio de Interior" controlaban de "manera indirecta" al chófer "a través de las cuentas que les rendían los controladores directos": los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño y el inspector Andrés Gómez Gordo, apodado Cospedín, y que era al inicio del dispositivo asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. También les informaba el entonces DAO Eugenio Pino.

Un operativo sin control judicial

El fiscal ha incidido en que el dispositivo de Kitchen, que incluyó vigilancias a la mujer de Bárcenas, la entrada en un local o el volcado de dispositivos, no buscaba el dinero ni fue una operación de inteligencia, sino un operativo delictivo que no se comunicó al magistrado instructor de Gürtel ni a la UDEF, que entonces investigaba el caso.

Ha destacado además como de manera "errática" y contradiciéndose unos con otros los acusados trataron de "legalizar su actuación buscando diferentes finalidades al operativo", y hablaron por ejemplo de localizar cuentas en Suiza cuando esta información ya obraba antes del dispositivo en poder de la UDEF.

Por estos hechos, el fiscal pide 15 años de cárcel para el exministro, el exsecretario de Estado, el exDao y el inspector Gómez Gordo, mientras que para Villarejo solicita 19 años de prisión, para el exchófer 12 años y medio y para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas dos años y medio.