Aplazado el juicio por la listeriosis para que las partes intenten llegar a un acuerdo

El conocido como caso Magrudis sienta en el banquillo a seis personas, como principales acusados cuatro miembros de la familia gestora de la empresa que elaboraba y comercializaba la carne mechada contaminada.

Se trata de José Antonio M.P., su esposa, Encarnación R.J., y los hijos de ambos Sandro y Mario M.R., a los que se suman el arquitecto técnico contratado por Magrudis Sergio L.G. y la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José O.B.

El procedimiento se dirige también contra las mercantiles Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL, contra varias compañías aseguradoras como responsables civiles directas, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario por la actuación de la inspectora veterinaria municipal.

Diez días para un posible acuerdo

Aunque inicialmente estaba previsto que el planteamiento de las cuestiones previas marcara el inicio del juicio, las partes se han dado diez días, hasta el lunes 26, para intentar llegar a un acuerdo con la "aquiescencia" del tribunal, según han informado a los periodistas fuentes del caso.

El objetivo es discutir un acuerdo global, o bien uno penal u otro civil por separado, que evite la celebración de un macrojuicio para el que se habían programado más de 40 sesiones a lo largo de octubre, noviembre y diciembre y enero de 2027.

Si finamente las partes no lograran dicho acuerdo, la vista oral arrancaría, como estaba inicialmente previsto, con el planteamiento de las cuestiones previas de las partes.

Ocho millones de euros, mayor indemnización reclamada

El aplazamiento este viernes del juicio coincide con la presentación de un reciente informe del Instituto de Medicina Legal referido a la situación de los gemelos Pablo y Javier, de 7 años.

Estos menores presentan graves secuelas después de que su madre, estando embarazada, consumiera en 2019 un 'montadito' (bocadillo) de carne mechada contaminada por la bacteria.

Su familia reclama una indemnización que suma al menos ocho millones de euros, ha explicado a los periodistas su abogado, Manuel Parilla, quien ha sido especialmente crítico con la postura "alarmante e indigna" adoptada -en su opinión- todos estos años por parte del Ayuntamiento de Sevilla, al "mirar para otro sitio" y "no mover nada a favor de las víctimas", pese a la actuación de la veterinaria municipal acusada.

Los gemelos, que tuvieron un nacimiento prematuro, sufren retrasos madurativos y grados de discapacidad de hasta el 75 %, situación que ha transformado la vida familiar y forzado a la madre a abandonar su empleo para dedicarse por completo a sus cuidados.

Penas de prisión y multas

La Fiscalía pidió en sus conclusiones provisionales penas de unos diez años de prisión y distintas multas para los dueños de la empresa Magrudis, entre otros acusados, por el brote de listeriosis, según el escrito del Ministerio Público.

Para la acusación pública los hechos constituyen un delito contra la salud pública en concurso ideal, por imprudencia grave, con cuatro delitos de homicidio, siete delitos de lesiones al feto y más de 200 delitos de lesiones, además de un delito de defraudación del fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de los casos de intoxicaciones por listeria registrados en diferentes comunidades autónomas, causados por la bacteria 'listeria monocytogenes' y asociada al consumo de carne mechada de la marca La Mechá.

'Deficiencias sanitarias'

El brote de intoxicación alimentaria causado por listeria en carne mechada en España dio lugar a declarar el estado de alarma nivel 1 en agosto de 2019.

De acuerdo con el relato fiscal, los principales acusados, como responsables de Magrudis, sabían que estaban llevando a cabo un proceso de elaboración "con deficiencias sanitarias" y riesgo "grave o muy grave" para los posibles consumidores en caso de comercialización.

Al respecto, según la acusación pública, no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni la Junta de Andalucía, por lo que lo "ocultaron de forma deliberada".