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Consejo de Política Fiscal
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha afeado al Gobierno central que el nuevo modelo de financiación autonómica que lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes es una forma de "corrupción política" al usar dinero "de todos" para pagar "favores políticos". España, en atención a los medios de comunicación a su llegada a la reunión, ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno votará "no" a la propuesta de reparto de fondos del Gobierno de Pedro Sánchez, que "es un nuevo castigo para Andalucía". “Nadie puede entender un sistema de financiación autonómico que es para todas las autonomías de España, pero se ha cocinado con el independentismo, a espaldas del resto de las comunidades autónomas, es decir, se ha negociado a escondidas entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña”, ha asegurado.
El 90% de las autonomías está en contra del nuevo modelo de financiación. Aun así, el nuevo sistema logrará vía libre para su tramitación parlamentaria, tras un encuentro que ha reunido asistencia suficiente, pues todos los consejeros, salvo Madrid, han acudido, y con el voto contrario al nuevo modelo decidido, salvo en el caso de Cataluña y Canarias. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que agrupa a los consejeros autonómicos de Economía y el ministro de Hacienda, ha comenzado en torno a las once de la mañana.
Madrid ha decidido no acudir, proponiendo al resto de las autonomías gobernadas por el PP boicotear la reunión para provocar falta de quorum. Esta propuesta no ha sido asumida por otros consejeros populares, pero en sus declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del Ministerio de Hacienda los representantes de Murcia, Andalucía y Valencia, por citar algunos, han minimizado las diferencias con la Comunidad de Madrid, señalando que están de acuerdo en el fondo: la oposición a la propuesta del Gobierno.
La consellera catalana, Alicia Romero (PSC), ha declarado a la entrada a la reunión que celebra “este nuevo modelo, que trae el Gobierno de España después de más de una década” y que es “más justo y más igualitario, y aportará al sistema más de 21.000 millones de euros y significará para Cataluña "poder mejorar los servicios públicos”.
Los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha han sido, por el contrario, críticos con el modelo, con más matices en el caso de Guillermo Peláez, el consejero asturiano, quien al menos ha puesto en valor la iniciativa de presentar un nuevo modelo por parte del Gobierno y ha criticado la falta de diálogo desde el PP. En todo caso, los dos han destacado que el modelo no favorece la igualdad y ha sido tramitado con graves defectos formales. Amador Pastor, de Castilla-La Mancha, ha señalado su “oposición frontal”, por ser un modelo que se ha negociado con ERC que beneficia a Cataluña, sin que se hayan escuchado las aportaciones del resto de las autonomías. No puede ser que “los independentistas decidan el modelo para el resto de los españoles”, ha explicado, para luego referirse al principio de ordinalidad, que a su juicio favorece a las autonomías con más habitantes con altas rentas.
El valenciano José Antonio Rovira ha recordado que cuando Arcadi España era conseller del ejecutivo de Ximo Puig exigía a Pedro Sánchez un fondo de nivelación transitorio en tanto no se aprobara el nuevo modelo de financiación, pero de ese fondo, ahora que es ministro, no se ha vuelto a hablar.
ANDALUCÍA, "INFRAFINANCIADA"
El Gobierno utiliza este sistema "como moneda de cambio para pagar favores políticos en lugar de beneficiar a las distintas comunidades autónomas", ha valorado la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, quien ha calificado de "traición" el modelo de financiación que el Ejecutivo central lleva a la reunión. Con esa fórmula de reparto de fondos, ha abundado España, Andalucía seguirá "infrafinanciada" porque recibirá recursos económicos para los servicios públicos por debajo de la media de España en un modelo que es "un atentado, un golpe a la igualdad de todos los españoles prevista en la Constitución".
La consejera andaluza ha advertido contra un sistema que genera "ciudadanos de primera, españoles de primera y españoles de segunda" y que va a "intensificar los agravios" en comunidades como la que representa España. Si el reparto de fondos se hiciera en base al número de habitantes ajustados a Andalucía "con respecto a Cataluña, le faltarían 2.000 millones de euros" en un modelo cuya prioridad es más "la supervivencia del Gobierno de Pedro Sánchez" que un reparto equitativo de fondos, ha valorado la consejera.
El sistema "está diseñado por el independentismo, pactado con el independentismo, para beneficiar al independentismo" en referencia a partidos vascos y catalanes en una fórmula cocinada "a espaldas del resto de las comunidades autónomas". España también ha criticado, como ha hecho en el pasado, el principio de ordinalidad en el reparto de fondos puesto que supone, ha expuesto, que las comunidades más ricas reciban más fondos, algo contra lo que el PSOE, ha recordado, estaba en contra, pero que se aplica ahora, ha explicado por favorecer a Cataluña.
A preguntas de los periodistas, España ha indicado que Andalucía respeta el que la Comunidad de Madrid no haya acudido a la reunión y que su ausencia es, en esencia, el mismo "no" que plantea ella, aunque el Gobierno de Juanma Moreno sí haya acudido al encuentro "a explicar las razones" de su oposición al sistema.
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