Migración criminalizada socialmente más allá de las leyes

En 2020 murieron más de 1700 personas intentando llegar a España, según datos de Asociación Pro Derechos Humanos. De las personas fallecidas solo pudieron ser rescatados 637 cadáveres. No son números, sino seres humanos a los que Europa les cerró sus puertas para siempre.

El informe "Frontera Sur" elaborado por APDH indica que cuando una ruta se cierra a la migración, se abre otra más peligrosa que no disuade a quienes buscan un futuro mejor lejos de la pobreza, guerras, emergencias climáticas, ideologías, recursos naturales esquilmados por los países más ricos, y ahora la pandemia. Una oscura travesía que parece no tener fin, ni siquiera después de la llegada, para quienes desconocen el idioma, carecen de recursos, de información, y apenas tienen derechos.

Las personas que llegan a nuestro país sufren un proceso largo y tortuoso, en algunos casos de 7 u 8 años, para conseguir regularizar su situación incluso cumpliendo los requisitos necesarios.

Son las organizaciones no gubernamentales las que asumen, en muchos casos, las funciones de ayuda y acompañamiento. Solidarios ha acompañado a migrantes que desean regularizar su situación y tener sus papeles en regla, en un laberinto burocrático que les solicita documentos difíciles de conseguir, tras jugarse la vida por un sueño y trabajar en empleos que nadie quiere, en una sociedad desarrollada en la que son criminalizados más allá de las leyes.