El empadronamiento: una obligación legal y un derecho fundamental

Cualquier persona que resida en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio donde vive habitualmente, da igual su nacionalidad o su situación administrativa, es decir, tenga o no papeles. Sin embargo, son muchos los colectivos agrupados en la organización estatal Padrón por Derecho que denuncian exigencias ilegales de muchos ayuntamientos. Los más afectados por este racismo institucional son los más vulnerables, los migrantes.

Vienen de todas partes de España, de once comunidades autónomas para celebrar el Primer Encuentro de la Coordinadora Padrón por Derecho en Mazagón, en Huelva y han querido presentarlo en la Plaza de San Francisco junto al Ayuntamiento de Sevilla. Ese ha sido el escenario elegido para que portavoces de algunos de los 33 colectivos de la coordinadora denuncien las trabas administrativas a las que miles de personas migrantes se enfrentan para acceder a un derecho: el empadronamiento.

El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años defendiendo la ley, exigiendo que se cumpla y que no se solicite documentación imposible de aportar como referencias catastrales a chabolas o autorizaciones de propietarios inexistentes. También que se habiliten mecanismos de verificación compatibles con la realidad social y laboral de las personas. Son muchos los afectados que acuden a la oficina del Defensor junto a organizaciones que trabajan con personas vulnerables en especial migrantes. Jesús Maeztu anima a los afectados a que soliciten ayuda a la defensoría con la que pueden contactar en la web y por teléfono 954 21 21 21.

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