Greenpeace pide al Ayuntamiento de Carboneras que deje la "insumisión judicial" y anule la licencia del Algarrobico

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que declara la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras del Algarrobico. Un dictamen que avala la ilegalidad del hotel levantado hace 20 años a pie de playa en pleno parque natural de Cabo de Gata, en Almería. En "Despierta Andalucía" el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha valorado la importancia de ese dictamen y emplaza al Ayuntamiento de Carboneras a proceder cuanto antes a la anulación definitiva de la licencia de obra.

"Celebramos que tras 20 años de calvario judicial y 12 años desde que empezamos con la gestiones de la anulación de la licencia de obra, ha llegado a un paso irrevocable, el dictamen del consejo no se puede revocar", explica Berraquero. Por eso, la organización ecologista que lideró desde el principio la lucha contra el hotel del Algarrobico pide al Ayuntamiento de Carboneras que no demore más el proceso, "que deje ya su insumisión judicial que lleva haciendo desde que existen sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la revisión de la licencia de obra". Tras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, el consistorio almeriense tiene un plazo de 15 días para convocar un pleno y anular esa licencia.

El dictamen del Consultivo responde a la sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que ya instaba al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia concedida en 2003. Durante estos últimos cuatro años, el Consistorio ha agotado todos los cauces para evitar este paso, denuncia el portavoz de Greenpeace.

La empresa constructora, Azata del Sol S.L, podría recurrir esa anulación de la licencia municipal, lo que demoraría, más aún, la demolición del hotel, un edificio hoy ruinoso y convertido desde hace dos décadas símbolo de la especulación urbanística. "Una manera de acelerar el proceso sería que la Junta expropiara la parte que le corresponde, como ya ha empezado a hacer el Estado español", apunta Berraquero.

"La Junta, si tanto compromiso tiene con la demolición del Algarrobico, que inicie su proceso expropiatorio y más aún ahora que Azata va a tener menos herrarmientas legales para exigir una indeminación cuantiosa, porque el Consejo Consultivo, en un dictamen que está muy bien redactado, dice que la empresa constructora era conocedora de que la liencia de obra se daba en un sitio donde era ilegal construir", explica.

El representante de Greenpeace también apela a la Junta y al Gobierno central a rescatar el acuerdo propuesto por la organización ecologista para repartir entre ambas administraciones los trabajos demolición, desescombro, gestión de los residuos y restauración ecológica del paraje del Algarrobico. De hecho, Berraquero apela a la Junta a que en sus próximos presupuestos incluya una partida para ese fin.

Desde Greenpeace esperan que el dictamen del Consejo Consultivo acerque un poco más el día en que el Algarrobico vuelva a ser el paraje natural sobre el que nunca debió levantarse un solo ladrillo.