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El afilado debate sobre los indultos: ¿instrumento de corrección o político?

La ley del indulto tiene 150 años pero el problema, creen los expertos, no es su antigüedad sino el uso que hacen de él los gobiernos.

En los últimos 30 años los diferentes gobiernos de nuestro país han concedido 10.500 indultos.

Lo analizamos en Los Reporteros.

CANAL SUR MEDIA 27 June 2021

Cualquiera de los 14 magistrados que componen la sala segunda del Tribunal Supremo emite una media de 43 sentencias al año. Todas importantes, todas, en principio, inapelables, pero ninguna tan mediática como la que condenó hace dos años a los políticos catalanes acusados de sedición. El indulto que les ha concedido el gobierno es aun más trascendente si cabe y ya ha destapado un afilado debate que oscila entre la concordia y la traición sin aparentes términos medios.

Los indultos están de plena actualidad, es cierto, pero no son algo nuevo en absoluto. La ley que los regula fue promulgada en 1870, durante la regencia de Serrano, un período complejo en el que otro militar, el general Prim, a la sazón jefe del gobierno, buscaba en las casas reales europeas un candidato apropiado para ocupar el trono. Es pues una ley antigua, reconoce el catedrático Borja Mapelli, lo que no significa que sea una ley anticuada.

Cree Mapelli que "el indulto es imprescindible, imprescindible porque la ley no es una obra perfecta la ley tiene sus imperfecciones que se corrigen con el indulto. No es imaginable una justicia que responda a las necesidades de la sociedad sin contar con ese reajuste. Eso es una cosa y otra es quién debe dar los indultos"

Los concede el gobierno y son siempre refrendados por el rey, atendiendo a razones de justicia, equidad o utilidad social. El indulto puede ser total o parcial y el arrepentimiento del reo no es imprescindible para concederlo. Al contrario de lo que ocurre con la amnistía, el indulto perdona la pena impuesta, no el delito cometido. Los antecedentes penales, por tanto, no desaparecen. En general y salvo ligeras modificaciones, este el modelo que se viene aplicando en España desde hace 150 años.

El catedrático Derecho Penal de la Universidad de Sevilla considera que si la ley del indulto no se ha modificado es "porque esta diseñado para favorecer la intromisión del poder ejecutivo en las labores de administración de justicia". En la práctica, nuestra ley de indulto es muy similar a la que rige en Europa. La diferencia estriba en que España se prodiga mucho más que el resto. En los últimos 30 años los diferentes gobiernos de nuestro país han concedido 10.500 indultos.

"No hay un solo gobierno desde 1870 hasta hoy, ni un solo gobierno, que no haya abusado de las prerrogativas que le concede la ley del indulto, ni uno (…) todos, conservadores, progresistas, todos los gobiernos que han tenido una sentencia que les incomoda, todos los gobiernos han caído en el vicio de la arbitrariedad en la concesión del indulto cuando responde a sus propias intereses", dice Mapelli.

La arbitrariedad también preocupa a Guillermo Portilla. Este catedrático de la Universidad de Jaén admite que el indulto es una medida plenamente constitucional, pero advierte de que el catálogo de infractores que han sido perdonados resulta preocupante.

"El problema del indulto va a a ser ese siempre: el temor que el gobierno decida indultar a personas que merecían la pena y donde la pena era necesaria", dice Portillo que añade que "si analizamos el indulto que se ha ido aplicando, fundamentalmente por el PP, que son casi seis mil indultos y del PSOE, que son casi tres mil, es preocupante que los torturadores ocupen el primer lugar y que corruptos, prevaricadores, malversadores de caudales hayan sido indultados, banqueros, empresarios… delitos contra la hacienda publica, seguridad social, derecho de los trabajadores o de salud publica. También se ha indultado a traficantes, esa es la duda".

Dudas que en algunos casos nunca fueron del todo aclaradas. En 1988, por ejemplo, el gobierno del Felipe González indultó al general Armada, uno de los ideólogos del 23F. El Supremo estuvo de acuerdo con la medida, de hecho, informó también favorablemente respecto al indulto del Teniente Coronel Tejero, aunque a este último no se le concedió. En 2003, José María Aznar aprobó el indulto del ex ministro socialista José Barrionuevo y del secretario de Estado de seguridad, Rafael Vera, condenados ambos por su implicación en la denominada guerra sucia contra ETA. En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy concedió el indulto parcial a los oficiales del ejército que falsificaron las identificaciones de la mitad de los militares fallecidos en el accidente del Yak 42.

Guillermo Portilla reconoce que el indulto es Constitucional pero se plantea que "la aplicación de esta medida en los últimos años nos hace dudar de realmente si en esos casos el ejecutivo no esta sustituyendo la labor de los tribunales. El debate creo yo tiene que ser entre el merecimiento de pena y la necesidad de la pena. Si, aunque sea merecedor de pena, la pena es necesaria, en casos muy concretos".

Lo que nos sitúa de lleno en el núcleo de la controversia que rodea el indulto de los condenados por el procés y su salida de prisión. El gobierno lo justifica en la necesidad de recuperar la convivencia en Cataluña, y apela a a la concordia, un argumento que convence a la CEOE y a los obispos catalanes. El centro derecha y los 300.000 ciudadanos que han firmado en contra del indulto, creen, sin embargo, que la medida supone una rendición ante los grupos independentistas.

Borja Mapelli cree que "es una ofensa a la inteligencia nacional cuando se dice que ha llegado el momento de la concordia, ha llegado el momento de la conciliación, mire usted dígale eso mismo a los 55.000 españoles que van a dormir esta noche en la cárcel. ¿Para ellos nunca ha habido un momento de concordia y conciliación?"

Guillermo Portilla considera que "lo que ha ocurrido es que ante la desproporción de la sanción legal y la interpretación rigurosísima del Tribunal Supremo aplicando el máximo de la condena ha hecho que el problema sea político y que hay que resolver políticamento. La condena no ayudó: ha hecho que se reviva el problema catalán, que se creen mártires y la solución no pasa por el derecho penal sino por la política, y ahí esta el indulto".

Un indulto que el Supremo rechazó en un contundente informe inusualmente extenso. Mapelli cree que "también el Supremo puede hacer política y en este caso lo ha hecho. ¿Que eso supone una piedra en el camino para el gobierno?: indiscutiblemente".

La opinión del tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, no es vinculante pero su rechazo ha condicionado el alcance de la medida que ha adoptado el gobierno porque "la ley de 1870 exige que el indulto total tiene que tener el visto bueno del Supremo", dice Portilla.

Por eso el indulto ha sido parcial. Consistirá en perdonar el tiempo de prisión que quede pendiente manteniendo en vigor la inhabilitación para ejercer cargo público. "Yo creo ante la negativa expresa y muy motivada, excesivamente motivada, también políticamente por parte del TS, ya deja muy claro que el gobierno la única opción que tiene es el indulto parcial", en opinión de Portilla.

Indultar con la opinión en contra del Tribunal Supremo no es habitual, pero ha ocurrido otras veces: en 2003, por ejemplo, cuando el gobierno de José María Aznar indultó al juez Javier Gómez de Liaño, que había sido apartado de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricar en el denominado caso Sogecable. En 2011, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió indultar al banquero Alfredo Saénz, condenado como promotor de una denuncia falsa urdida contra un grupo de empresarios. Solo dos años más tarde, en 2013, Mariano Rajoy indultó a Ramón Ríos Salgado, conocido como el kamikaze valenciano, un alto ejecutivo condenado por circular a gran velocidad y en dirección contraria causando la muerte de un joven de 25 años.

Mientras tanto, PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que presentarán recurso, una iniciativa con escaso recorrido, indican los expertos, porque la propia doctrina del Tribunal Supremo determinó en su día que los partidos políticos carecen de interés legítimo para recurrir un indulto al no ser parte directamente afectada. Otra posibilidad es que sea el Alto Tribunal quien decida recurrir en el plazo de dos meses si entiende que el indulto es arbitrario o presenta defectos de forma, dos aspectos que ya tuvo en cuenta cuando revocó el indulto del kamikaze de Valencia hace ahora ocho años. "Hasta entonces no había intervenido, 2013 es una excepción. Y seguramente va a entrar en cuáles son los criterios de utilidad social que cree el gobierno que hay ahí detrás", cree Portilla.

La revisión de los criterios con los que se promueve o se rechaza un indulto es el núcleo del problema, nos dicen los expertos. En el caso del procés o en otros menos mediáticos, como el de Juana Rivas, la madre granadina condenada por sustracción de menores cuyo indulto estudia ya el ejecutivo. Sea cual sea el contexto, la reforma del modelo se antoja necesaria, aunque lo difícil sigue siendo establecer quién o quiénes deciden cuándo y por qué perdonar a un reo.

Borja Mapelli propone utilizar la figura del jurado para los indultos. Cree que "posiblemente no se pueda utilizar para todos los indultos pero se podría utilizar para ciertos indultos particularmente delicados, se crea un jurado y el jurado resuelve, el pueblo participa en la concesión del indulto".

Guillermo Portilla apunta al origen del indulto que es un privilegio real, una prerrogativa de la monarquía, "y es eso lo que tiene que desaparecer. La única solución es la reforma, no el jurado pero no negando el derecho al jurado, sino a una selección de jurado integrado por ciudadanos normales junto con profesionales de la justicia que estén en manos ambos en la solución final.

Con la crisis catalana de fondo, y con los presos del procés en libertad, el viejo dilema, que es a la vez jurídico y político, tampoco acaba de resolverse. Y la duda persiste: ¿cuándo una condena merecida se convierte en una condena innecesaria? Y sobre todo, ¿en qué circunstancias el perdón está justificado o resulta contraproducente?

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