Salvador García-Ayllón: ''El sistema de seguridad en la red Madrid-Andalucía está obsoleto''

"Buenos días Gente de Andalucía"

Este ingeniero experto en planificación de infraestructuras lamenta que el ministro Óscar Puente normalice los fallos frecuentes en la alta velocidad. El magistrado Fernando Portillo nos explica el proceso de la investigación judicial tras el accidente de Urda.

31 oct 2026 - 11:23

"Tenemos una crisis de confianza muy difícil de revertir. Pero hay que recuperar lo que ha sido nuestra alta velocidad". Es uno de los mensajes que ha dejado en "Buenos días Gente de Andalucía" el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Salvador García-Ayllón, que considera que hemos llegado a un nivel de deteorioro del sistema que se podía haber evitado. El Director del departamento de Ingeniería Minera y Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena se lo explica así a sus alumnos: "Es como un cáncer, hay que intervenir cuando aparecen los síntomas para evitar que haya metástasis".

García-Ayllón defiende que el sistema de seguridad de la alta velocidad ha sido un buen sistema, pero se ha quedado antiguo y no se ha invertido en su renovación. "Es como si quiero circular a 200 por hora con un BMW...de los años 90", pone como ejemplo. Es este sentido, se pregunta por qué el sistema LZB no se ha renovado, cuando asegura que hace años que se está planteando. También rechaza que se normalice que se produzcan 170 caídas en un año, según la información que ha facilitado el ministro de Fomento. Igualmente denuncia que no puede convertirse en habitual lo que debe ser algo extraordinario: que ante un fallo técnico la responsabilidad se traslade al equipo humano.

Por otra parte, el magistrado y reconocido divulgador jurídico Fernando Portillo ha explicado a Mariló Maldonado que la investigación de las causas del accidente puede durar muchos meses, e incluso años. Recuerda que aún no ha concluido la investigación del siniestro ocurrido el 18 de enero en Adamuz, y señala que -aunque se hayan puesto refuerzos- con los medios disponibles no se puede avanzar más deprisa. También apunta que el objetivo del proceso penal no es saber si la gestión ha sido buena o mala: es determinar si alguien ha cometido un delito. Aunque de las conclusiones de la investigación puedan extraerse otras deducciones.

Portillo incide en que lo primero en el proceso judicial es la identificación de las víctimas y asegurar las pruebas, y que en estos momentos tan sólo la jueza y la Fiscalía conocen la instrucción, al haber sido decretado el secreto del sumario. Otras investigaciones que pueden desarrollarse en paralelo son la filtración de los audios de las conversaciones entre el Centro de Control de Adif y los maquinistas y el envío de mensajes a las familias de las víctimas con información falsa sobre el proceso de identificación. Ambas cuestiones, señala Portillo, podrían tener consecuencias penales.

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